Un debate atraviesa los ámbitos interesados en la política exterior chilena y tiene que ver con el grado de autonomía o de alineamiento ante las demandas de Estados Unidos. Esto quedó más claro aún luego de la reunión en Panamá de la denominada Coalición de las Américas Contra los Cárteles (ACCC o A3C, por sus siglas en inglés). Tras los pedidos directos que realizó el gobierno norteamericano en esa instancia, autoridades de Chile realizaron declaraciones en reivindicación de la soberanía del país.

El espacio, también conocido como “Escudo de las Américas”, reunió a ministros de Defensa de 19 países de la región. Allí, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, presionó abiertamente a los países del resto del continente para que se retiren de la Corte Penal Internacional (CPI) y para que aumenten el presupuesto militar, en el marco de la articulación continental bajo su comando. A los pocos días, el ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros, que estuvo presente en el encuentro, afirmó que “Chile no es el patio trasero de ningún país” y señaló que su país definirá su grado de participación en la coalición en noviembre. Casualidad o no, a principios de ese mes son las elecciones de medio término en Estados Unidos, lo cual puede interpretarse como un termómetro de las relaciones de fuerza al interior del sistema político de este país.

Aunque Barros intentó rebajar el impacto geopolítico de la decisión a tomar, argumentando que la reunión tuvo en su origen un carácter técnico, sus palabras tuvieron amplia difusión. Según versiones periodísticas, las declaraciones habrían generado malestar en Cancillería, en momentos en que el ministro del área, Francisco Pérez Mackenna, y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, negocian con autoridades estadounidenses para intentar la reversión del aumento de aranceles a los productos chilenos, decidido por Trump en julio. Precisamente, en esa oportunidad Barros había tenido un cruce de declaraciones con el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd: este lo desautorizó públicamente, después de que el ministro señalara que la medida estadounidense “genera dudas en la cercanía y confiabilidad de la relación”.

Respecto a la exigencia de Hegseth de “que cada miembro de la ACCC deje la Corte Penal Internacional”, el titular de Defensa chileno planteó que corresponde a otras áreas del gobierno analizar el tema. El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, descartó la salida del organismo: “Nosotros somos miembros de la Corte Penal Internacional y, sin perjuicio de que los organismos pueden ser perfectibles y mejorables, seguimos siendo miembros”, expresó.

Ante la pregunta por los dichos del ministro de Defensa respecto a que “Chile no es el patio trasero de ningún país”, el canciller evitó una respuesta directa: “No me voy a referir a las afirmaciones del ministro Barros, simplemente puedo decir que estamos trabajando juntos”.

La cadena de situaciones muestra ciertos matices e incomodidades en relación con las presiones a las que está sujeto Chile en el marco de la disputa geopolítica global. Mientras ideológicamente se encuentra dentro del bloque de países aliados a Estados Unidos, su economía se encuentra ligada a China de una manera evidente. En 2025, el intercambio comercial entre Chile y Estados Unidos fue de alrededor de 34 mil millones de dólares, con relativo equilibrio entre importaciones y exportaciones. En cambio, el intercambio comercial con China alcanzó el doble: más de 67 mil millones de dólares, con un superávit a favor de Chile de más de 14 mil 200 millones de dólares.