El jueves 29 de enero, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva en la que declara una “emergencia nacional”, argumentando que Cuba representaría una supuesta “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad de Estados Unidos.

La medida impone nuevos aranceles a aquellos países que “vendan o, de otra manera, suministren petróleo a Cuba”, con el objetivo de profundizar la asfixia energética que sufre la isla, agravada seriamente tras el ataque de Estados Unidos contra Venezuela.

“La orden impone un nuevo sistema arancelario que permite a Estados Unidos aplicar aranceles adicionales a las importaciones de cualquier país que proporcione, directa o indirectamente, petróleo a Cuba”, señala el documento.

Tras el anuncio de la Casa Blanca del bloqueo a la entrada de combustibles al país , el gobierno de Miguel Díaz-Canel calificó las amenazas de «chantaje y coerción» y afirmó que Washington utiliza una serie de «mentiras» para justificar esta decisión. En un comunicado, el canciller cubano, Bruno Eduardo Parrilla, afirmó que los únicos que amenazan la paz son los propios Estados Unidos.

El documento no fija aranceles de manera automática, sino que habilita un proceso de “evaluación caso por caso”. Para su implementación, se faculta al secretario de Comercio, Howard Lutnick, a “determinar” si un país vende o suministra petróleo a Cuba, de manera directa o a través de intermediarios.

Posteriormente, se faculta al secretario de Estado, Marco Rubio, a “tomar todas las acciones necesarias”, incluida la emisión de nuevas reglamentaciones para aplicar medidas coercitivas a los países que envíen petróleo a la isla, aunque el Ejecutivo se reserva la capacidad de modificar o cancelar las medidas en caso de que Cuba o los países afectados “adopten medidas significativas” para alinearse con “los objetivos de seguridad y política exterior de Estados Unidos”.

Washington acusa a La Habana de “alinearse” con países y “actores malignos adversos a Estados Unidos”, entre los que menciona a la República Popular China, Irán y Rusia, a la cual también acusa de mantener en Cuba “la mayor instalación de inteligencia de señales” fuera de su territorio. Además, acusa a Cuba de continuar “difundiendo sus ideas, políticas y prácticas comunistas por todo el hemisferio occidental, lo que amenaza la política exterior de Estados Unidos”.

La nueva orden ejecutiva busca profundizar el bloqueo —que sufre el pueblo cubano desde hace más de 60 años—, presionando a países de la región para que, de facto, se sumen a esta política agresiva. Asimismo, las nuevas medidas coercitivas intentan obstruir cualquier triangulación de petróleo que intente eludir el bloqueo.

Cuba consume actualmente alrededor de 120 mil barriles de petróleo al día. Aproximadamente el 30% de este volumen proviene de la producción nacional, mientras que los dos tercios restantes dependen de las importaciones. Los principales proveedores de la isla son Venezuela (que ha interrumpido el envío desde el secuestro del presidente Nicolás Maduro), México y, en menor medida, Rusia.