El 7 de enero la Casa Blanca firmó un memorando presidencial que ordena retirar a Estados Unidos —o cortar su participación y financiamiento— de 66 organismos, comisiones y convenios internacionales, incluyendo 31 entidades vinculadas a Naciones Unidas. Entre los puntos más sensibles figura la salida de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático (UNFCCC), el paraguas legal bajo el cual se negocian las cumbres climáticas, junto con otros espacios multilaterales vinculados a clima, trabajo y migración.
Se trata de una fuerte gestualidad en contra del multilateralismo y del orden del «mundo basado en reglas». El gobierno justificó la medida bajo el argumento de que estos foros serían “contrarios a los intereses” de Estados Unidos y que parte de ellos están “capturados” por agendas que la administración considera ineficientes, redundantes o ideologizadas. En la misma semana, el secretario de Estado Marco Rubio defendió la decisión calificando a varios de esos organismos como “antiestadounidenses”, “inútiles” o “derrochadores”. El vocero de la ONU advirtió que las contribuciones obligatorias al presupuesto regular y de mantenimiento de la paz siguen siendo una obligación legal bajo la Carta de la ONU, aún si Washington se desmarca de determinadas agencias o iniciativas.
En la sociedad norteamericana, el impacto se tradujo en una polarización inmediata: organizaciones ambientales, científicos y dirigentes demócratas denunciaron que la salida de la UNFCCC reduce la influencia de EE. UU. en reglas y financiamiento climáticos, y puede ceder espacio geopolítico a otros actores, además de abrir un frente de disputa jurídica por tratarse de un tratado históricamente ratificado por el Senado.
