El gobierno de Gustavo Petro enfrenta una coyuntura crítica en su política de paz y seguridad, marcada por decisiones recientes sobre extradición, la reorganización de grupos armados y las tensiones en sus diálogos con la guerrilla. En una maniobra significativa, Petro firmó la extradición a Estados Unidos de Henry Lozano, presunto sucesor del capo “El Alacrán”. Esta extradición, que contrasta con sus planteamientos iniciales de extraditar solo en casos de reincidencia, envía un mensaje de compromiso con la cooperación internacional para combatir el crimen transnacional.

Por otro lado, una fotografía reciente muestra a Iván Mordisco, líder de una de las disidencias más violentas de las FARC y perseguido por el gobierno colombiano, navegando en una canoa. Petro comentó que “se nota que viene huyendo”, sugiriendo que la presión del gobierno tiene efecto y que se intensificarán los esfuerzos para apresarlo. Además, la aparente muerte de Iván Márquez, líder de la Segunda Marquetalia, uno de los grupos disidentes más grandes de las FARC, generó incertidumbre sobre la continuidad de las negociaciones de paz con esta facción. Otty Patiño, comisionado de Paz, desmintió el fallecimiento de Márquez, aunque insistió en que su ausencia no afectaría los diálogos, ya que el proceso debe prevalecer independientemente de quién esté al mando.

En este contexto, el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se reunirán en Venezuela el próximo mes para intentar desatascar las conversaciones de paz, una jugada que podría marcar un avance en las relaciones con el grupo guerrillero. Sin embargo, estos esfuerzos enfrentan escepticismo ante la falta de resultados concretos en diálogos previos. La estrategia por la paz total está en una nueva etapa que por ahora combina la presión sobre figuras guerrilleras y acciones enfáticas, como la extradición de capos, mientras se insiste por la apuesta al diálogo con los grupos más conflictivos, como el ELN.