El gobierno de Abelardo de la Espriella enfrenta sus primeras semanas de mandato con una escalada violenta que ha puesto a prueba su promesa de «mano de hierro», mientras despliega simultáneamente una intensa ofensiva diplomática y judicial para demostrar resultados tanto a la ciudadanía como a la comunidad internacional. El detonante inmediato de esta estrategia fue el atentado con carro bomba ocurrido el lunes 31 de agosto en Cúcuta, que dejó un saldo de una persona fallecida, siete policías heridos y ocho civiles lesionados. Las autoridades señalan al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como el presunto responsable del ataque, que fue seguido por un segundo intento frustrado en la zona rural de Agua Clara, donde las tropas localizaron otro vehículo con explosivos abandonado al percatarse de la presencia militar.
Ante estos hechos, De la Espriella viajó a Cúcuta para encabezar un consejo de seguridad extraordinario con la cúpula militar, desde donde lanzó un mensaje contundente: «Vamos a perseguir con mano de hierro a quienes atenten contra los colombianos hasta capturarlos, desmantelar sus estructuras». En esa misma reunión, De la Espriella lanzó una advertencia hacia los gobernadores y alcaldes, al cuestionar posibles vínculos entre autoridades locales y estructuras criminales, señalando que «no vamos a permitir que mandatarios seccionales ni locales terminen aliados con estos bandidos porque los vamos a hacer pagar también», en medio de la molestia presidencial por la ausencia de algunos de estos funcionarios en la cita de seguridad.
Paralelamente a la respuesta militar, el gobierno activó el frente diplomático para consolidar alianzas internacionales, materializado en la reunión del canciller Omar Bula Escobar con delegados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). En este encuentro, Colombia presentó los avances de su política antidrogas, que incluye la derogatoria de la resolución que prohibía la aspersión aérea con glifosato y el reporte de más de 41 extradiciones avaladas en el primer mes de gestión, entre ellas la del cabecilla alias «Araña». La cita también abordó la participación del país en el bloque del Escudo de las Américas, en un claro esfuerzo por reestructurar la relación con la administración de Donald Trump, mostrando resultados tangibles que allanen el camino para reducir aranceles y obtener la certificación en la lucha contra las drogas.
En el plano judicial interno, la Fiscalía General reactivó las órdenes de captura que habían sido suspendidas contra Alexander Díaz Mendoza, alias «Calarcá», y otros integrantes de las disidencias del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y la Segunda Marquetalia, luego de que el Ejecutivo suspendiera las mesas de diálogo el viernes 28 de agosto. La decisión, que implica a cabecillas como «Jhon Mechas» y «Richard», coincidió con una medida extra contra alias «Calarcá» por su presunta implicación en el homicidio de seis firmantes del Acuerdo de Paz y reclutamiento infantil. El gobierno ha respaldado esta ofensiva con cifras oficiales que buscan dimensionar su alcance: desde el viernes 7 de agosto suman 12 mil 575 capturas, 38 mil 637 kilogramos de estupefacientes incautados y mil 318 armas de fuego fuera de circulación, mientras el presidente reitera que «el peor cáncer de Colombia es el narcotráfico, y lo vamos a acabar».
