El martes 3 de marzo, la Fiscalía General de Cuba informó que las seis personas detenidas por su participación en un intento de incursión armada contra Cuba deberán enfrentar cargos por terrorismo. La institución precisó que los acusados serán procesados conforme al Código Penal y que se solicitó para ellos la medida cautelar de prisión provisional.

Los detenidos integraban un grupo de diez personas armadas —todas residentes en Estados Unidos— que fue interceptado en la madrugada del 25 de febrero cuando intentaba ingresar ilegalmente a Cuba en una lancha rápida con matrícula de Florida (FL7726SH), en la que transportaban un importante arsenal de armas.

La embarcación fue detectada cuando navegaba aproximadamente a una milla náutica al noreste del canal El Pino, en la provincia de Villa Clara. De acuerdo con la versión oficial, la lancha ingresó a las 7:10 (hora local) en aguas jurisdiccionales cubanas sin notificación previa. Ante esa situación, las autoridades cubanas enviaron una unidad con cinco guardafronteras para identificarla.

Al aproximarse la patrullera cubana, los ocupantes de la lancha abrieron fuego e hirieron al comandante de la unidad interceptora. El ataque generó un enfrentamiento a unos 20 metros de distancia, que dejó un saldo de cuatro fallecidos y seis detenidos entre los tripulantes de la lancha. Inmediatamente después de conocerse los hechos, La Habana calificó el suceso como un intento de ataque terrorista.

Según las investigaciones preliminares de la Fiscalía cubana, el grupo habría salido de madrugada desde Florida en dos embarcaciones. Sin embargo, una de ellas presentó fallas mecánicas en alta mar, por lo que sus cinco ocupantes, junto con las armas y municiones que transportaban, se trasladaron a la otra nave, que fue la que finalmente penetró en aguas cubanas.

El Ministerio del Interior (Minint) señaló que la mayoría de los implicados tenía antecedentes delictivos y que dos de ellos figuraban en listados de personas señaladas por actividades terroristas. Además, las autoridades estadounidenses confirmaron que al menos uno de los fallecidos y uno de los detenidos son ciudadanos de ese país.

Durante la operación se incautaron catorce fusiles —incluidos de asalto y de precisión—, once pistolas, escopetas, 134 cargadores y cerca de 13 mil municiones de distintos calibres. También fueron decomisados chalecos antibalas, bombas de fabricación casera, bayonetas, cuchillos, diez módulos militares completos, uniformes de camuflaje, equipos de visión nocturna, un dron, una planta eléctrica y un sistema satelital.

El jueves 5 de marzo, el Ministerio del Interior informó que uno de los seis detenidos había fallecido producto de las heridas que le causaron el enfrentamiento, siendo la quinta víctima mortal.

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