La reciente incautación de un avión oficial venezolano por parte de Estados Unidos ha desatado una fuerte reacción del gobierno de Nicolás Maduro, quien calificó este acto como un “robo descarado”. El 6 de febrero, autoridades estadounidenses confiscaron un avión Dassault Falcon 200 que pertenecía al Estado venezolano y que se encontraba retenido en República Dominicana.
El gobierno venezolano ha dirigido su indignación contra Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense a quien se acusa de ser el responsable de esta acción, argumentando que la incautación es parte de una estrategia más amplia para desestabilizar al país. En declaraciones oficiales se ha calificado a Rubio como un “delincuente disfrazado de político” y se han hecho llamados a la comunidad internacional para que condene lo que el gobierno considera una violación a la soberanía nacional.
En cuanto al avión incautado, se especula que podría haberse utilizado para transporte oficial y actividades del gobierno venezolano, pero las autoridades estadounidenses no han proporcionado detalles sobre las razones de la confiscación. Este tipo de aeronaves están comúnmente asociadas con operaciones diplomáticas y gubernamentales, lo que añade una capa adicional de complejidad al incidente.
La situación se suma a las tensiones persistentes entre Venezuela y Estados Unidos, en este caso contradictorias con los diálogos abiertos por las deportaciones, lo que supone una posible acción aislada de Rubio o una estrategía ambigua de parte de la administración norteamericana. El gobierno venezolano ha utilizado este incidente para reforzar su narrativa antiimperialista.
