El gobierno de Gustavo Petro ha buscado avanzar en varias iniciativas clave, incluyendo la reforma de salud, la reforma agraria y la modificación del Sistema General de Participaciones (mecanismo de transferencia de recursos a gobiernos locales). El Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha indicado que no se descarta la posibilidad de convocar sesiones extraordinarias del Congreso para facilitar el avance de estas reformas, subrayando la necesidad de acelerar el proceso legislativo y asegurar que las iniciativas sean discutidas y aprobadas antes de que finalice el periodo regular.
El gobierno ha implementado una estrategia conocida como “aplanadora” para garantizar los votos necesarios mediante una coordinación estrecha entre los partidos aliados. Sin embargo, hay incertidumbre sobre si el gobierno podrá reunir suficientes votos en los tres debates restantes, lo que podría comprometer el avance de la reforma de salud, central en la agenda del gobierno. Además, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) ha expresado su preocupación sobre esta iniciativa, señalando que es crucial abordar adecuadamente los problemas del sistema actual para evitar un colapso en la atención médica.
En cuanto a la reforma agraria, el gobierno ha acelerado sus esfuerzos para comprar tierras y establecer una jurisdicción adecuada en el Congreso. Esta iniciativa busca cumplir con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz y mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales. La rápida implementación de esta reforma es vista como un paso fundamental para enfrentar las desigualdades históricas en el acceso a la tierra en Colombia.
Finalmente, la reforma al Sistema General de Participaciones está cerca de convertirse en ley, pues se encuentra a solo un debate de la aprobación final. Esta reforma es considerada esencial para mejorar la distribución de recursos entre las entidades territoriales y garantizar mayor equidad en el acceso a servicios públicos.
La capacidad del gobierno para movilizar apoyo legislativo será crucial para determinar el éxito o fracaso de estas iniciativas, por lo que el Pacto Histórico y sus aliados convocaron a una marcha de unidad por los cinco años del estallido social de 2019.
