El 11 de septiembre falleció el exdictador Alberto Fujimori a los 86 años. A pesar de las penas privativas de libertad por violación de derechos humanos y corrupción, en vista de un indulto irregular cuestionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Fujimori falleció fuera de la prisión y en una coyuntura donde se voceaba su eventual candidatura en las próximas elecciones presidenciales en el Perú.

Alberto Fujimori  gobernó Perú entre 1990 y 2000, es recordado por su gobierno autoritario, el autogolpe de 1992, e imborrables violaciones a los derechos humanos, incluidas las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. En 2009, fue condenado a 25 años de prisión por estos delitos y, también, por corrupción. Aunque recibió un indulto en 2017, fue encarcelado hasta su liberación en 2023 por “complicaciones en su salud”.

En el marco de una pésima aceptación pública por parte del pueblo peruano, el Congreso de la República aprobó en primera instancia modificaciones al Código Procesal Penal con la finalidad de otorgar facultades de investigación a la Policía Nacional, reduciendo el rol del Ministerio Público Fiscal. A pesar de que dicha medida es categóricamente inconstitucional, el Poder Ejecutivo no planea retornar la norma al Parlamento. La reducción de las competencias de la fiscalía se da en el contexto de tensiones entre dicha entidad y grupos de poder políticos amenazados por investigaciones criminales.

Esta aprobación tendría como objetivo determinar con precisión las características que definen la tipicidad de una organización criminal, así como modificar el procedimiento de allanamiento judicial. La modificación cambia la definición de organización criminal a “cualquier grupo que posea una estructura compleja, compuesta por tres o más personas que colaboran de manera estable y coordinada”. Estos grupos deben estar involucrados en la comisión de delitos que conllevan penas privativas de libertad mayores a seis años, buscando obtener beneficios económicos de forma directa o indirecta.