Este lunes 19 de mayo comenzó un juicio histórico contra el expresidente Jair Bolsonaro ante el Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro enfrenta acusaciones de planear un golpe de Estado y liderar una organización criminal para impedir la investidura del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder las elecciones de octubre de 2022. De ser hallado culpable, podría enfrentar hasta 40 años de prisión.
El juicio incluye la declaración de más de 80 testigos, entre ellos altos mandos militares, exministros, agentes de policía e inteligencia. Las audiencias, que se desarrollarán entre el 19 de mayo y el 2 de junio, combinan sesiones presenciales y virtuales. Entre los primeros en testificar se encuentran los excomandantes del Ejército y la Fuerza Aérea, Marco Antonio Freire Gomes y Carlos de Almeida Baptista Júnior, quienes confirmaron haber participado en reuniones donde Bolsonaro propuso declarar un “estado de sitio” para revertir los resultados electorales.
Bolsonaro, de 70 años, asistió a la primera jornada vistiendo la camiseta amarilla de la selección brasileña, símbolo del bolsonarismo. Actualmente está inhabilitado para ocupar cargos públicos hasta 2030 y ha calificado el juicio como una “pena de muerte política y física”. La Policía Federal sostiene en un informe de más de 800 páginas que Bolsonaro encabezó una conspiración para evitar que Lula asumiera el poder, que incluía planes extremos como asesinar al presidente electo y al juez Alexandre de Moraes, principal figura judicial opositora al bolsonarismo.
Además, el proceso vincula a Bolsonaro con los ataques del 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes suyos invadieron y vandalizaron las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia, con el objetivo de provocar una intervención militar que lo devolviera al poder.
En paralelo al juicio, el Partido Liberal (PL), fuerza política que respalda a Bolsonaro, presentó un proyecto de ley para amnistiar a los condenados por los hechos del 8 de enero. El texto propone el perdón para quienes participaron en las protestas, prestaron apoyo logístico o promovieron las manifestaciones en redes sociales. El proceso continúa bajo fuerte atención mediática y podría tener profundas implicaciones para el futuro político de Brasil y la región.
