El presidente interino, José Jeri, cumplió un mes en la presidencia, un período que ha sido objeto de análisis sobre lo que deja su gestión y los retos futuros para su gobierno. Jeri ha enfrentado una notable dificultad para proyectar estabilidad y control en medio de la recurrente conflictividad social. Además sus resultados concretos en materia de lucha contra la inseguridad ciudadana, tema que el propio gobierno puso como su eje central, aún no se reflejan en cifras o cambios perceptibles para la ciudadanía.

En este marco, una de las críticas a su gestión se centra en apuntalar la estrategia de comunicación antes que priorizar otras medidas de gobierno. En efecto, el presidente interino se ha lanzado a la «caza del like» para salvar su imagen en las redes sociales. Este enfoque sugiere que el gobierno prioriza la aceptación en entornos digitales y la percepción pública inmediata, en lugar de acciones políticas de fondo para resolver la crisis institucional, de seguridad y social del país.

En este marco, la presión social sobre el gobierno no cesa. Recientemente se materializó la convocatoria a un paro nacional para el 14 de noviembre. Se confirmó que varias regiones se plegarán a la jornada con marchas y protestas, indicando una amplia base de descontento a nivel subnacional. Varios gremios del transporte se sumaron a la convocatoria y la Generación Z, un grupo de jóvenes que lidera el descontento urbano y ha tomado protagonismo político en las manifestaciones, también confirmó que marchará en Lima, manteniendo la presión en la capital.

En respuesta el exministro Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, emitió una amenaza dirigida a la Generación Z y otros sectores movilizados, al afirmar que «la Policía tiene que reprimir a manifestantes violentos», lo que muestra la continua apuesta del gobierno por el uso de la fuerza pública y la represión en el contexto de las protestas.