El 8 de enero pasado, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó la ley aprobada por el Congreso que buscaba reducir las condenas de los implicados en los hechos del 8 de enero de 2023, incluyendo la del expresidente Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 años de prisión por delitos vinculados a un intento de golpe de Estado. El anuncio del veto se realizó durante el acto oficial por el tercer aniversario de los ataques a las sedes de los tres poderes en Brasilia. Conforme al procedimiento constitucional, el proyecto retorna al Congreso, que puede intentar revertir el veto en sesión conjunta de ambas cámaras.

En paralelo, el Supremo Tribunal Federal (STF) informó que, a tres años de los hechos, continúan en tramitación 346 acciones penales relacionadas con el 8 de enero de 2023. De ese total, 224 corresponden a delitos graves (como tentativa de golpe de Estado), mientras otros procesos se refieren a incitación y financiamiento de los actos. La corte también mantiene iniciativas para la reparación de daños ocasionados al patrimonio público durante los ataques.

El hilo común entre ambos acontecimientos es la gestión institucional de las consecuencias del 8 de enero de 2023: por un lado, el Poder Ejecutivo bloqueó una vía legislativa que habría modificado el cómputo de penas para condenados por esos hechos; por otro, el Poder Judicial sigue avanzando en la responsabilización penal de participantes y financiadores, con causas aún abiertas y sentencias firmes —entre ellas, la de Bolsonaro— que permanecen vigentes salvo una eventual decisión del Congreso de anular el veto y eventuales controversias posteriores en sede judicial.