Uno de los principales epicentros del paro nacional impulsado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) fue la provincia de Imbabura, especialmente en la ciudad de Otavalo. Luego de 24 días de mantener las medidas de fuerza, la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura (FICI) y otras organizaciones dialogaron con el gobierno el 15 de octubre y llegaron a acuerdos sobre las demandas planteadas. En este marco, el ministro del Interior John Reimberg anunció el fin del paro.

No obstante, la dirigencia de la CONAIE aclaró que el Consejo de Gobierno de dicha organización no fue convocada al diálogo con el Ejecutivo y, en un llamado a la unidad de las nacionalidades indígenas, aseguró que se mantendrá firme “en resistencia en los territorios ancestrales a nivel del Ecuador”, impulsando la campaña por el “NO” en la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa.

El gobierno del presidente Noboa respondió a la persistencia del paro nacional con una estrategia de seguridad de mano dura y una intensa militarización. Para evitar la escalada a la capital, tropas militares fueron desplegadas en Quito con el propósito explícito de reprimir las protestas reforzando la percepción ciudadana de un conflicto bélico en ciernes. En zonas de alta conflictividad, como Otavalo, la confrontación llegó a tal punto que fue calificada como una «zona de guerra», con el despliegue de convoyes militares y policiales que buscaban contener los bloqueos.

El accionar de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes se tradujo en un saldo de al menos tres ciudadanos muertos, los cuales fueron calificados por la CONAIE como “crímenes de Estado”. Por su parte, las Fuerzas Armadas reportaron específicamente que 13 militares resultaron heridos en Imbabura, siendo necesaria su evacuación.