En la última semana se produjo un agravamiento de la crisis política y social en Bolivia con la extensión de marchas, bloqueos, protestas y enfrentamientos sectoriales en distintos departamentos del país. No obstante, el conflicto transitó de demandas específicas hacia una cuestionamiento directo de la continuidad del gobierno de Rodrigo Paz. A pesar de los intentos iniciales de Paz por establecer un marco de diálogo nacional, impulsando el denominado Encuentro Nacional iniciado en Cochabamba —donde se plantearon reformas a la Constitución, diez nuevas leyes y modificaciones a la Ley de Autonomías—, la situación se desbordó.

Uno de los puntos de inflexión ocurrió el 11 de mayo, cuando un tribunal emitió una orden de aprehensión y arraigo contra el expresidente Evo Morales tras su incomparecencia en un juicio por presunta trata infantil. Esta medida judicial detonó una reacción inmediata del sector evista: el Trópico de Cochabamba se declaró en alerta máxima ante un posible plan para detener a Morales. Por su parte el ministro de Gobierno, Eduardo Oviedo, denunció que las movilizaciones a nivel nacional recibían apoyo económico desde dicha región. Paralelamente, la jornada del 11 de mayo registró una escalada de tensión en los nueve departamentos con el magisterio sumándose a las protestas, lo que obligó al gobierno a buscar el apoyo de alcaldes para intentar levantar los bloqueos que ya asfixiaban a ciudades como La Paz.

A partir del 12 de mayo, el conflicto adquirió una nueva dimensión con el inicio de la «Marcha por la Vida» desde Caracollo, impulsada por sectores evistas. Pese a que el presidente Paz insistió en la necesidad de diálogo para otorgar certidumbre al país, desde su gobierno se siguió deslegitimando a los sectores movilizados, mientras la Fiscalía advirtió con iniciar procesos penales contra los manifestantes. Por su parte, el vicepresidente Edmand Lara envió una carta a Paz solicitando una negociación abierta.

En un intento por pacificar el país, la Cámara de Diputados sancionó el 13 de mayo la abrogación de la polémica Ley 1720 que permitía la recategorización de tierras rurales, fijando un plazo de 60 días para consensuar una nueva norma agraria. Esta decisión permitió que los grupos indígenas que mantenían la vigilia en La Paz retornaran a Pando y Beni, logrando desactivar uno de los frentes del conflicto social. No obstante, esta concesión legislativa no fue suficiente para frenar el cerco a la sede de gobierno, ya que otros sectores sociales, mantuvieron los bloqueos a lo largo y ancho del país.

Hacia el 14 de mayo, la crisis alcanzó una faceta abiertamente institucional. La Central Obrera Boliviana (COB) dio un giro al pasar de exigir un incremento salarial a demandar la renuncia del presidente Paz, una postura que el Ejecutivo ha calificado de ilegal y antidemocrática. Mientras el defensor del Pueblo alertó sobre un riesgo democrático y humanitario inminente y los comités cívicos pidieron la intervención de las Fuerzas Armadas para poner orden, la polarización se acentuó con enfrentamientos entre policías y manifestantes en las calles. Morales calificó la situación como una «sublevación» indetenible mientras no se atiendan las demandas populares.

El panorama actual es de máxima tensión y polarización, con una gestión gubernamental que acusa a los sectores movilizados de estar financiados por el narcotráfico, mientras estos señalan a Paz como el responsable de la crisis general que vive el país.