El presidente colombiano Gustavo Petro ha propuesto una consulta popular como mecanismo para impulsar sus reformas políticas y sociales, lo que ha generado controversia. Esta iniciativa busca legitimar cambios en políticas sociales, económicas y ambientales, pero requiere al menos 13 millones de votos para ser vinculante, un desafío considerable en el actual clima político. El debate también es de naturaleza jurídica, ya que algunos grupos de la oposición cuestionan la constitucionalidad de las preguntas planteadas, argumentando que podrían exceder el alcance de una consulta popular. Por su parte, los partidarios de Petro ven en esta iniciativa una oportunidad para fortalecer la democracia participativa y dar voz directa a los ciudadanos en decisiones fundamentales.

Armando Benedetti, Jefe de Despacho de Petro, afirmó que la consulta podría contar con casi ocho millones de votos asegurados, aunque esta cifra aún queda por debajo de los 13 millones necesarios. Benedetti detalló que la consulta incluirá preguntas específicas sobre temas clave, como políticas sociales, económicas y ambientales, y que el objetivo es obtener el respaldo directo de la ciudadanía para avanzar en estos cambios. La oposición, sin embargo, ha iniciado campañas en contra del proyecto, argumentando que la consulta podría ser utilizada como una estrategia de precampaña para el gobierno actual. Los partidarios del gobierno enfatizan la necesidad de reformas urgentes para abordar problemas estructurales en Colombia, mientras que los opositores advierten sobre los riesgos de concentrar demasiado poder en el Ejecutivo y de utilizar la consulta como una herramienta política. El éxito de la consulta dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno para movilizar el apoyo necesario y de la resolución de los debates jurídicos en curso.