El jueves 25 de junio, la Corte Suprema dictó dos sentencias seis a tres en materia migratoria que amplían significativamente la discrecionalidad del Ejecutivo para limitar la entrada y permanencia de inmigrantes en el país. En el caso “Mullin v. Al Otro Lado”, la mayoría conservadora respaldó la política de metering: la práctica, iniciada bajo la administración Obama en 2016 y formalizada en el primer mandato de Trump, consiste en limitar diariamente el número de solicitudes de asilo procesadas en los puertos de entrada fronterizos, manteniendo a los solicitantes en el lado mexicano. El juez Samuel Alito resolvió la cuestión central con una lectura textualista: “En el habla ordinaria, nadie diría que una persona ‘llega a’ un lugar […] antes de entrar en ese lugar”, escribió. Es decir, un migrante retenido en México no ha “llegado” a Estados Unidos y, por ende, carece de derecho estatutario a solicitar asilo. En el caso “Mullin v. Doe», la misma mayoría autorizó la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para unos 350 mil haitianos y más de seis mil sirios, y estableció que las decisiones sobre el programa quedan en lo sucesivo fuera del control judicial, bloqueando además los planteos de discriminación racial contra futuros actos de cancelación.

La sesión derivó en un intercambio inusual que expuso abiertamente la fractura del tribunal. La jueza Sonia Sotomayor leyó desde el estrado —gesto reservado para casos de gravedad excepcional— su disidencia de 35 páginas en Mullin v. Al Otro Lado, declarando que la opinión mayoritaria “apaga lamentable y trágicamente la luz de la antorcha de la Estatua de la Libertad”, e invocando el caso del MS St. Louis, el barco que en 1939 transportó a cerca de mil refugiados judíos de la Alemania nazi y fue rechazado en Cuba, Miami y Canadá, con 250 de ellos pereciendo posteriormente en Europa. Alito respondió desde la sala que no había anticipado la disidencia oral y que habría tenido mucho más que agregar. En Mullin v. Doe, la jueza Elena Kagan señaló en su disidencia que los argumentos de la administración sobre Haití resultaban tan “repulsivos y racialmente cargados” que la mayoría prefirió no citarlos en la opinión. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) celebró ambas decisiones en un comunicado firmado por su asesor general James Percival, quien las describió como la apertura de “herramientas importantes para continuar asegurando nuestra frontera sur”. En total, alrededor de 1,3 millones de personas de 17 países residen actualmente en Estados Unidos bajo TPS, y cientos de miles de ellas quedan expuestas a perder su autorización de trabajo y enfrentar deportación.

Los dos fallos constituyen el andamiaje jurisprudencial más sólido construido en décadas a favor de la discrecionalidad presidencial en materia migratoria. La decisión sobre el metering no reinstala la política de inmediato —el DHS no anunció planes concretos—, pero la deja disponible para activarse en cualquier momento sin que un tribunal inferior pueda cuestionarla.