El pasado miércoles 2 de septiembre, el gobierno de Rodrigo Paz emitió el Decreto Supremo 5697 que ordenó “la intervención estatal extraordinaria, transparente y temporal” de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), medida vigente hasta 180 días y prorrogable por 90 más. La decisión llegó en medio de interminables filas de vehículos en los surtidores del país y apuntó a “proteger los intereses del Estado y recuperar la eficiencia de la gestión operativa y administrativa” de una empresa que el Estado ya controlaba.
El diagnóstico detrás del decreto es el de una compañía en retroceso sostenido: el declive y la caída de YPFB muestran que la empresa llega a 2026 con menos gas, menos producción y una nueva intervención —la secuencia exacta que ningún gobierno quisiera registrar en la empresa símbolo de la soberanía energética boliviana—. El dato más revelador de la semana fue que 600 usuarios ya despedidos, o que ya no formaban parte de la empresa, seguían teniendo acceso activo al sistema informático de YPFB.
El jueves 3 de septiembre el Estado extendió la misma lógica a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH): la primera intervención de la ANH llegó “por deficiencias”. Así, el mismo gobierno que intervino YPFB también intervenía al organismo que debía regular. El sector había acumulado una denuncia cada 8 horas ante la Fiscalía, consolidándose como el área más denunciada de la administración pública boliviana. La presencia personal del ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, y su par de Economía en la sede de la ANH para formalizar la medida fue la puesta en escena de un gobierno que necesita comunicar urgencia institucional pero que, en ese mismo acto, revela que no confía en sus propios cuadros gerenciales.
La respuesta del gobierno a la crisis de hidrocarburos no sólo operó en el registro disciplinario. El presidente Paz anunció el descubrimiento de nuevos pozos de gas y la apuesta por la inversión privada para reactivar el sector. Pero que un gobierno neoliberal apele a la intervención estatal puede generar el efecto contrario en los capitales privados y prolongar la situación de estancamiento.
