REPORTE ESPECIAL
La renovada relación de Nayib Bukele con Estados Unidos
La alianza entre Donald Trump y Nayib Bukele promete ir a fondo en esta nueva administración republicana. Estados Unidos ha encontrado en el país centroamericano un aliado estratégico para su política antimigratoria y un nuevo mercado para el desarrollo de la energía nuclear —clave en los planes a futuro de la industria tecnológica estadounidense—, mientras Bukele juega a un ganar-ganar con Washington y Beijing para seguir acumulando poder y legitimidad interna. En este reporte especial hacemos un recorrido por la renovada relación entre ambas naciones, detallando los puntos convergentes, no exentos de contradicciones pero que no hay que perder de vista a la hora de mirar el tablero americano.
No hay dudas del renovado interés de la administración del presidente Donald Trump por la gestión de su par de El Salvador, Nayib Bukele. Si bien el acercamiento entre ambos países tuvo un reacomodo bajo el gobierno del demócrata Joe Biden, cuando en 2023 nombró como embajador a William H. Duncan luego de que el cargo estuviese vacante por dos años, la cooperación entre Trump y Bukele va a fondo y orbita principalmente en las áreas de migración, justicia, tecnología y seguridad. El grupo que oficia de punta de lanza entre ambos países es el Caucus de El Salvador, una iniciativa de congresistas estadounidenses demócratas y republicanos del ala más dura. Pero en el juego global, Bukele se mueve como un contorsionista para no afectar la relación de cooperación que construyó con China en los últimos años y que se materializó en importantes obras de infraestructura. Todo parece que en este nuevo contexto El Salvador se ha propuesto barajar y dar de nuevo con la Casa Blanca.
En el juego global, Bukele se mueve como un contorsionista para no afectar la relación de cooperación que construyó con China en los últimos años y que se materializó en importantes obras de infraestructura.
VISITAS Y ACUERDOS
Pocos días después de que Bukele viajara a Washington para la investidura presidencial de Trump —uno de los pocos mandatarios de la región invitados junto al argentino Javier Milei y el ecuatoriano Daniel Noboa—, el secretario de Estado, Marco Rubio, visitó San Salvador en el marco de una gira por Centroamérica en febrero pasado. Allí recibió de parte de Bukele la oferta de sellar un acuerdo por el que El Salvador recibiría a supuestos criminales extranjeros y los recluiría en el famoso Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) a cambio de seis millones anuales o 20 mil dólares por persona.
“Es una oferta muy generosa”, opinó Rubio en tono celebratorio en una conferencia que dio días después en Costa Rica. Estados Unidos retribuyó esa oferta en abril pasado cuando redujo del nivel dos al uno de alerta de viaje a El Salvador. Según el gobierno estadounidense, es la alerta más baja e implica que solo se recomienda tomar precauciones “normales”. El argumento para tomar esta decisión fue la gestión de Bukele en materia de seguridad, que según los números oficiales logró bajar la tasa de homicidios en un 98% desde 2015 hasta la fecha.
En un mensaje en X, Rubio reconoció que el liderazgo de Bukele fue “crucial” para mejorar la seguridad de su país para los viajeros extranjeros. A los pocos días, Bukele consiguió lo que ningún otro presidente de la región había logrado: una reunión televisada con Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Allí celebraron ante la comunidad internacional el acuerdo por el cual El Salvador alojó entre marzo y julio pasado a más de 200 venezolanos deportados por Estados Unidos por pertenecer presuntamente a la banda criminal Tren de Aragua, trato que ha causado más tensiones entre las ya de por sí complicadas relaciones entre Caracas, San Salvador y Washington.
Bukele consiguió lo que ningún otro presidente de la región había logrado: una reunión televisada con Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Los venezolanos habían sido detenidos en el marco de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que otorga al presidente estadounidense la facultad de detener y deportar a nativos o ciudadanos de naciones “enemigas” sin los procesos habituales. En un proceso exprés, fueron acusados de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua, algo que muchos de sus familiares y abogados negaron.
El caso está muy lejos de haberse cerrado. Cuando El Salvador envió a los migrantes a su país de origen, aparecieron incontables denuncias públicas sobre maltratos y violaciones a los derechos humanos que habían sufrido en el CECOT. En una conferencia de prensa, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, denunció que dentro de la prisión hubo “tortura sistemática”, que incluyó abusos sexuales, golpizas diarias y comida podrida.
EL INCUMPLIMIENTO ESTADOUNIDENSE
El acuerdo entre Bukele y Trump tiene una contraparte de enorme relevancia para el presidente centroamericano pero que el republicano todavía no correspondió. Según dejó trascender el propio Rubio luego de su visita al país, uno de los primeros pedidos que hizo Bukele para avanzar en el acuerdo fue que Estados Unidos enviara a las cabezas de la Mara Salvatrucha, (MS-13), una de las pandillas más importantes y la que empujó al presidente a declarar el primer estado de excepción en marzo 2022, luego de que se registraran 62 homicidios en un solo día, perpetuados por la organización. En declaraciones a la prensa, la embajadora de El Salvador en Washington, Milena Mayorga, dijo que este pedido era “un tema de honor”.
Uno de los primeros pedidos que hizo Bukele para avanzar en el acuerdo fue que Estados Unidos enviara a las cabezas de la Mara Salvatrucha, (MS-13), una de las pandillas más importantes.
En total hay 27 líderes del más alto rango de la MS-13 que ya fueron imputados con cargos en el distrito de Nueva York, acusados de asesinatos, atentados, secuestros, narcotráfico, extorsión de personas y obstrucción de la justicia. Además, durante la gestión de Biden, Estados Unidos acusó a Bukele de pactar una tregua con las pandillas para reducir el alto número de homicidios, que ponía al país en el peor de los rankings. Hubo una investigación del diario El Faro con fuentes de primera mano que confirmaron estas acusaciones.
Sin embargo, esta contraparte del acuerdo es un tema espinoso. El 26 de agosto, en el marco de una visita al país centroamericano del senador republicano por Texas Ted Cruz, una periodista le preguntó si Estados Unidos confiaba en un aliado que en el pasado había negociado con la MS-13, según las investigaciones de agentes federales en El Salvador y la Corte de Nueva York. Visiblemente incómodo, Cruz eludió la pregunta y solo destacó el trabajo “extraordinario” de Bukele en relación a la baja de la tasa de homicidios. Luego, ante la consulta de otra periodista sobre el pedido de Bukele para que Estados Unidos devolviera al país a estos pandilleros acusados de narcoterrorismo, Cruz se limitó a decir que “es una propuesta que tiene mucho sentido”. En concreto, no obstante, no hay nada firmado todavía a pesar de que Bukele ya está cumpliendo con su parte del trato. A pesar de que aún no hay respuestas favorables por parte del gobierno estadounidense, Cruz se reunió con el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, para negociar los términos de nuevas deportaciones.
EL GIRO DE TRUMP
La relación entre la administración de Biden y el gobierno de Bukele fue accidentada. Hubo un primer intento de mejorar la diplomacia entre ambos países cuando Estados Unidos nombró en 2021 a Jean Manes al frente de la embajada en el país caribeño. Sin embargo, después de siete meses en San Salvador la diplomática se retiró tras opinar que Bukele “no está mostrando ningún tipo de interés” en mejorar las relaciones.
Después de siete meses en San Salvador la diplomática se retiró tras opinar que Bukele “no está mostrando ningún tipo de interés” en mejorar las relaciones.
Manes criticó que mientras sostenían conversaciones con Bukele, el gobierno canceló la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador creada en 2019, limitó el acceso a la información pública y echó a más de 200 jueces y fiscales por supuestas razones de edad y años de servicio. Por ese entonces, Bukele tampoco había cumplido sus compromisos de extraditar a criminales de la pandilla MS-13 requeridos por la justicia estadounidense. En paralelo, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a los nuevos jueces nombrados por Bukele en su lista de “actores antidemocráticos y corruptos”.
Incluso Trump, durante su campaña presidencial, acusó a Bukele de enviar asesinos y líderes de pandillas a Estados Unidos. En esa ocasión, el republicano se hizo eco de notas periodísticas que revelaban que Bukele había ayudado a escapar a un líder pandillero, Élmer Canales Rivera, alias “Crook”, que terminó extraditado a Estados Unidos.
¿Pero qué fue entonces lo que cambió para Trump? Una de las explicaciones más compartidas por analistas indica que el gran beneficio para el presidente de Estados Unidos es haber encontrado una salida desterritorializada al problema migratorio. Al punto de que luego de haber deportado a migrantes venezolanos, las conversaciones en la Casa Blanca ahora giran en torno a la posibilidad de deportar también a ciudadanos estadounidenses. La cuestión aún no es clara, sobre todo en términos legales, pero el equipo de Trump está trabajando en el tema. En conferencia de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió a un periodista que en caso de que deportar a estadounidenses a El Salvador “fuera legal”, el gobierno solo lo consideraría para los delincuentes “más violentos, atroces y reincidentes”.
Pero Trump no solo ve en la oferta de Bukele un camino para cumplir con su agresiva agenda migratoria, sino que también advierte cuál es su punto débil. El presidente salvadoreño sabe que si Nueva York avanza en la investigación sobre su arreglo con las pandillas, su futuro estaría terminado. Bukele parece ver su supervivencia en las manos de Trump porque cree que el único poder con capacidad de daño es el que reside en Estados Unidos y no en su país, donde tiene todos los poderes bajo su control y los líderes políticos más experimentados que podrían hacerle frente están, casi todos, en el exilio.
El presidente salvadoreño sabe que si Nueva York avanza en la investigación sobre su arreglo con las pandillas, su futuro estaría terminado.
EL PODER JUDICIAL: OTRO PUNTO EN COMÚN
Esta nueva cercanía hermana al líder republicano con Bukele en un otro punto crucial. Ambos tienen en sus respectivos países como enemigo al Poder Judicial.
Después de haber ordenado a la Asamblea Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista, que avanzara en la destitución de jueces y del fiscal general de la Nación, Bukele animó a Trump a tomar medidas similares en los primeros días de su nueva administración. “Si no se destituye a los jueces corruptos, no se puede arreglar el país. Formarán un cartel (una dictadura judicial), y bloquearán todas las reformas, protegiendo la corrupción sistémica que los puso en sus puestos”, escribió Bukele a fines de febrero en X, durante un intercambio de mensajes por esa red social con Elon Musk, el entonces asesor estrella del presidente estadounidense.
Elon Musk había escrito que la “única manera de restaurar el poder de Estados Unidos” era “destituyendo a los jueces” como había hecho El Salvador. El propio Trump sugirió en marzo que el juez federal que bloqueó temporalmente la deportación de venezolanos debía ser destituido.
El propio Trump sugirió en marzo que el juez federal que bloqueó temporalmente la deportación de venezolanos debía ser destituido.
COQUETEOS CON LA REELECCIÓN Y OÍDOS SORDOS A LOS DERECHOS HUMANOS
En los últimos días Bukele recibió quizás el respaldo más importante de su gestión. Después de que el Congreso dominado por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI) aprobara de forma precipitada, sin análisis ni debate público, una reforma constitucional que habilita la reelección indefinida, un vocero del Departamento de Estado norteamericano celebró el logro de Bukele. En declaraciones en off a la agencia EFE, el vocero destacó que la Asamblea Legislativa de ese país fue elegida “democráticamente”, por lo tanto consideró que la decisión de avanzar en cambios constitucionales es legítima. Mientras la oposición local, perseguida política y judicialmente por el gobierno salvadoreño denunció la “deriva autoritaria”, a la que se sumaron otras voces internacionales, Estados Unidos rechazó catalogar al país centroamericano como una dictadura.
Puede que el respaldo de Washington a un posible tercer mandato de Bukele, algo con lo que el propio Trump también coquetea y para lo que se le presentan las mismas trabas legales, silencie o aminore las críticas internacionales, aunque eso no aplica para los repudios internos. A fines de agosto, el Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora de El Salvador presentó una demanda ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra la reforma electoral y argumentó que está “viciada” y va en contra de varios artículos de la Carta Magna.
A criterio del abogado, la reforma presenta “múltiples vicios de forma” en cuanto a la seguridad jurídica, la falta de justificación para que se votara sin estudio ni debate previo y la ausencia de consulta ciudadana, lo que se considera “un defecto de procedimiento constitucional”. Además la considera contraria a la alternabilidad en el ejercicio del poder, reconocido en la Constitución.
A la par del espaldarazo para la reelección indefinida, Estados Unidos orquestó otro movimiento que le lava la cara a la faceta más cruda del gobierno de Bukele: las denuncias de violaciones de derechos humanos, civiles y políticos. A principios de agosto, Estados Unidos presentó su último informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo y fue notable el cambio en el análisis sobre la realidad de El Salvador.
Estados Unidos presentó su último informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo y fue notable el cambio en el análisis sobre la realidad de El Salvador.
Mientras que el informe del año anterior había sido cuatro veces más extenso y describía “violaciones significativas de derechos humanos” en ese país que incluían “informes creíbles de homicidios ilegales o arbitrarios; desaparición forzada; tortura o castigo cruel, inhumano o degradante por parte de fuerzas de seguridad; condiciones carcelarias severas”, entre otras tantas, el de este año indicó que “no hubo informes creíbles de violaciones significativas de los derechos humanos”.
Consultada sobre la percepción de que el Departamento de Estado suavizó los informes para países cercanos al gobierno, la portavoz en Foggy Bottom, Tammy Bruce, afirmó que “obviamente, el presidente Trump ha trabajado con muchos países” y sostuvo que los informes deben verse “como una muestra de nuestro punto de vista general, sin señalar a ningún país para condena o elogio”.
MÁS ESTADO DE EXCEPCIÓN Y PERSECUCIÓN POLÍTICA
En medio de todos estos movimientos, el oficialismo y sus aliados en la Asamblea Legislativa aprobaron la 42° ampliación del régimen de excepción en el país, que suspende garantías constitucionales y fue el paraguas legal que le permitió a Bukele detener a más de 88 mil personas a las que el gobierno acusa de pertenecer a las pandillas.
El oficialismo y sus aliados en la Asamblea Legislativa aprobaron la 42° ampliación del régimen de excepción en el país.
La ampliación de la medida, en vigor desde marzo de 2022 y que diversos analistas denuncian que sirve a los fines de callar las voces críticas, fue aprobada por amplia mayoría, mientras que la oposición denunció violaciones a los derechos humanos. Pero por más denuncias que hagan no tienen la fuerza en el Congreso para contrarrestar ninguna medida de Bukele, después de que el presidente lograra la reelección en febrero de 2024 con más del 70% de los votos.
Con ese poder, la Asamblea Legislativa aprobó días atrás la reforma de una ley que amplía a dos años el plazo del arresto provisional de las personas capturadas en el contexto de la medida de régimen de excepción.
La reconocida organización Cristosal, que en julio pasado abandonó el país y denunció persecución política, consideró que esta medida convierte a la detención provisional en “pena anticipada”. Con esta modificación, la Fiscalía General tiene hasta agosto de 2027 para presentar dictámenes de acusación contra los detenidos durante el régimen de excepción, muchos de ellos en prisión desde marzo de 2022 y sin aún haber enfrentado juicio.
La Fiscalía General tiene hasta agosto de 2027 para presentar dictámenes de acusación contra los detenidos durante el régimen de excepción.
UN CAUCUS COMO PUNTA DE LANZA
Dado que la nueva administración Trump aún no cuenta con embajador en San Salvador y solo cuenta con la encargada de Negocios, Naomi Fellows, el grupo del Caucus de El Salvador, creado en junio del año pasado, justo un mes después de la nueva toma de posesión de Bukele, lleva adelante gran parte de las relaciones políticas y de negocios entre ambos países.
El Caucus bipartidista fue una propuesta del entonces congresista republicano Matt Gaetz, quien renunció al Congreso y fue candidato fugaz de Trump para el cargo de fiscal general. Pero Gaetz quedó envuelto en denuncias y sospechas de abuso y explotación sexual, por lo que Trump retiró su nominación. Al renunciar a su escaño, quien pasó a ocupar la presidencia del Caucus fue la republicana de Florida Anna Paulina Luna. La congresista de extrema derecha lidera al grupo conformado por 14 legisladores que se proponen “promover una mejor comprensión de los asuntos relacionados con la relación de Estados Unidos con El Salvador, los intereses mutuos y los intereses de Estados Unidos”.
La joven política con raíces mexicanas llegó al Congreso en las últimas elecciones de medio término con posiciones fuertes: es conservadora, antiaborto, defiende el uso de armas, es anti migrantes ilegales y apoya el proyecto de Trump de levantar un muro en la frontera sur. Luna no solo tuvo un encuentro el año pasado con el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa hijo, sino que fue la que promovió en mayo una visita al país, y posterior encuentro con Bukele, como una actividad política propia del Caucus. Allí fue acompañada por el copresidente del grupo parlamentario, Vicente González, demócrata por Texas, y Andy Ogles, republicano por Tennessee.
Es conservadora, antiaborto, defiende el uso de armas, es anti migrantes ilegales y apoya el proyecto de Trump de levantar un muro en la frontera sur.
Vicente González, a pesar de su pertenencia partidista, tiene un historial de posturas conservadoras tanto en el Congreso como durante la campaña electoral. En enero, fue uno de los dos demócratas que votaron a favor de una ley respaldada por Trump que proponía retirar fondos federales a las escuelas que permiten asistir a competencias a atletas transgénero. Durante el gobierno de Biden, fue uno de los varios demócratas texanos que se opusieron a la legislación ambiental del gobierno.
La visita que el Caucus realizó a El Salvador en mayo pasado sirvió para echarle una pátina democrática a la gestión de Bukele y reproducir la propaganda oficial en torno a tratos ajustados a derecho al interior del CECOT. “El día de nuestra visita (a los reclusos), se les sirvió comida de calidad comparable a la de un restaurante estadounidense”, indicaron los legisladores norteamericanos en una nota oficial. “La administración del centro parece estar bien organizada, segura y transparente. En ningún momento se restringió la expresión de los reclusos durante nuestra visita, y no observamos señales de abuso ni hacinamiento”, concluyeron.
La visita que el Caucus realizó a El Salvador en mayo pasado sirvió para echarle una pátina democrática a la gestión de Bukele y reproducir la propaganda oficial en torno a tratos ajustados a derecho al interior del CECOT.
La delegación también visitó el distrito de La Libertad, en la costa del país, donde se reunieron con inversionistas del sector turístico y expusieron sobre el interés de empresas estadounidenses en invertir en turismo e infraestructura.
EL FUTURO ESTÁ EN LA ENERGÍA NUCLEAR
Otro de los aspectos de la incipiente asociación entre Trump y Bukele se da al nivel de la cooperación para el desarrollo de energía nuclear civil, un área donde Estados Unidos tiene mucho interés y logró crear mercados en todo el mundo. Según datos oficiales, para fines de 2024 EE.UU. llevaba firmados acuerdos con 49 países y en febrero de este año, durante la visita de Rubio, firmó uno con El Salvador.
La firma del Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Nuclear Civil Estratégica (NCMOU) significó un “paso inicial hacia el establecimiento de una sólida asociación nuclear civil entre Estados Unidos y El Salvador con el objetivo de mejorar la seguridad energética”, consideró el Departamento de Estado. El área de interés de Estados Unidos es el desarrollo de reactores modulares pequeños (SMR), para el cual ya hay varias empresas con sede en distintos estados que trabajan en ellos.
El Salvador busca convertirse en la primera nación de Centroamérica en sacar provecho de los átomos, luego de que en octubre de 2024 la Asamblea aprobara la Ley de Energía Nuclear. La meta del gobierno salvadoreño es capacitar a 400 profesionales en energía atómica y poner en marcha un reactor de investigación en el año 2030, como paso previo a la construcción de una central de generación eléctrica. Si bien el gobierno aún no define el combustible que utilizará la planta, en 2023 firmó un convenio con Thorium Energy Alliance, que promueve el uso del torio y ofrece un proceso de generación más seguro y eficiente que con el uranio.
El Salvador busca convertirse en la primera nación de Centroamérica en sacar provecho de los átomos, luego de que en octubre de 2024 la Asamblea aprobara la Ley de Energía Nuclear.
El proyecto todavía está en su fase inicial. Según indicó el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en mayo de este año visitaron dos terrenos en Chalatenango y San Vicente, a menos de 100 kilómetros de la capital, San Salvador, para evaluar si son adecuados para albergar la central nuclear. Pero hasta ahora, la OIEA no presentó su informe final para iniciar con el diseño de la central. El último paso dado entre ambos países fue un taller sobre SMR, que reunió a potenciales inversores.
CHINA: UN EQUILIBRIO ESTRATÉGICO… POR AHORA
Desde que asumió el poder, Bukele descansó en el camino que había inaugurado con China el mandatario que lo precedió, Salvador Sánchez Cerén, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Su gobierno rompió relaciones con Taiwán en 2018, y al año siguiente se abocó a construir un vínculo con la República Popular China, viajó a Beijing y selló acuerdos para la construcción del Estadio Nacional El Salvador (aún en proceso), la Biblioteca Nacional en el Centro Histórico, ya construida; una planta potabilizadora de agua en el Lago de Ilopango (el lago natural más grande del país), un sistema de saneamiento de aguas negras y un muelle en el puerto Libertad, además de nueve convenios de cooperación que mantienen su curso, entre ellos la posibilidad de que jóvenes salvadoreños realicen estudios en el país asiático. Los acuerdos fueron fortalecidos en 2024 por la viceministra de Relaciones Exteriores de la República Popular China, Hua Chunying, en una visita a El Salvador.
A pesar de que la política exterior hacia América Latina de la nueva administración republicana ha puesto especial énfasis en detener y disminuir la influencia china en la región, el Depertamento de Estado no se ha referido a la presencia de Beijing en El Salvador, como sí lo ha hecho en países como Argentina o México. Ni siquiera se expresó tras el último gran movimiento chino en el país, que fue la llegada de un agregado militar a la embajada para crear más canales de contacto pero sin un proyecto específico, según indicaron desde la oficina que conduce Zhang Yanhui, embajador de China en San Salvador.
El Depertamento de Estado no se ha referido a la presencia de Beijing en El Salvador, como sí lo ha hecho en países como Argentina o México.
Por su parte, y fiel a su estilo diplomático, en 2021 China explicó que su relación con El Salvador no pasa por intereses geopolíticos y que se guían por el principio de “no injerencia en asuntos internos”. Mientras que el propio Bukele, luego de una gira por Japón, Beijing y Catar en 2019 aseguró: “Nosotros no estamos para ser enemigos, estamos para ser amigos”.
En este escenario, Bukele apuesta a un equilibrio estratégico que no desate la ira de ninguna de las dos grandes potencias que se disputan la influencia en todo el globo y que le permita continuar sacando réditos de ambas alianzas. Pero el avance norteamericano en el Caribe y los planes de mediano plazo de Washington para la región posiblemente signifiquen que esta estrategia a dos bandas tenga los días contados. Aunque todavía sin perfil ni fecha definida, el desembarco del nuevo embajador estadounidense será clave para prevenir el futuro de este equilibrio y de la renovada relación con Trump.
