La Revolución Ciudadana (RC) atraviesa una de sus crisis más profundas desde su fundación. Tras haber sido una fuerza hegemónica en la Asamblea Nacional y en el poder Ejecutivo, hoy se enfrenta a una fractura interna evidenciada por peleas, renuncias, expulsiones y declaraciones cruzadas. El debilitamiento institucional se manifiesta en la exclusión del movimiento de comisiones legislativas clave y del Consejo de Administración Legislativa (CAL), pese a mantener 65 curules y ser la segunda fuerza más grande del parlamento.

La crisis ha escalado con la expulsión del asambleísta Sergio Peña, quien apoyó una ley del Ejecutivo y fue sancionado, mientras que otros legisladores que actuaron de forma similar no enfrentaron consecuencias. También se han alejado o sido marginadas figuras como Marcela Aguiñaga, Aquiles Álvarez, Mónica Salazar y Fausto Jarrín. La narrativa de persecución política choca hoy con una acumulación de procesos judiciales que afectan a líderes emblemáticos del movimiento. Correa enfrenta más de 40 procesos, mientras Jorge Glas sigue recluido en La Roca, vinculado a nuevos casos judiciales junto a otros aliados cercanos.

El impacto territorial también es notorio. En las elecciones de 2025, el correismo perdió cerca del 20% de los cantones que dominaba en 2017, retrocediendo de 121 a 97. Aunque mantiene fuerza en la Costa, ha sido desplazado en la Sierra, la Amazonía y en grandes ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, donde la brecha contra su candidata se amplió.