A partir de la orden ejecutiva emitida el 20 de enero que evalúa y revisa la ayuda de Estados Unidos al extranjero, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) sufrió reducciones importantes propiciadas por la gestión Trump y por el encargado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), Elon Musk.

La agencia quedó bajo la órbita de Marco Rubio, secretario de Estado, quien ha indicado que la asistencia exterior continuará, pero se alineará más estrechamente con los intereses nacionales. Entretanto, la Asociación Estadounidense del Servicio Exterior, que representa a los funcionarios del servicio exterior, y la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno presentaron el jueves 6 de febrero demanda contra la administración Trump, en la cual argumentan que el presidente no puede cerrar de manera unilateral la USAID.

A partir del viernes 7 de febrero, según un comunicado accesible en la página oficial de la agencia, “todo el personal contratado directamente por USAID será puesto en licencia administrativa a nivel mundial, con excepción del personal designado responsable de funciones críticas para la misión, el liderazgo central y los programas especialmente designados.” La USAID mantendrá un mínimo de 300 empleados mientras que miles serán puestos en licencia.

El papel de USAID en el mundo no sólo ha sido criticado por los republicanos trumpistas, sino también (y desde hace años) por numerosas organizaciones y partidos políticos del globo que han resaltado el uso dual de este organismo: USAID, además de vincularse a la ayuda humanitaria, sirve como mecanismo de intervención en el extranjero, desde la introducción de agendas foráneas hasta la colaboración con servicios de inteligencia para propiciar golpes de estado.