En una semana marcada por tensiones institucionales, disputas en el Congreso y avances judiciales decisivos, Brasil vivió uno de los capítulos más intensos del año político. El centro de gravedad estuvo puesto en la votación del Proyecto de Ley de Dosimetría (PL da Dosimetría), iniciativa que modifica los criterios para el cálculo de penas y que, según especialistas, beneficia no solo a condenados por delitos comunes, sino que también abre la puerta a reducciones sustanciales para involucrados en crímenes contra el Estado democrático de derecho. La agenda parlamentaria estuvo directamente atravesada por la situación del expresidente Jair Bolsonaro, cuya condena por el intento de golpe de 2023 continúa generando repercusiones políticas y jurídicas. En paralelo, la diputada Carla Zambelli, una de las principales aliadas bolsonaristas, enfrentó nuevos embates en el Supremo Tribunal Federal, con mayoría formada para revocar su mandato, en un proceso que terminó cruzándose con las negociaciones políticas sobre el PL.

La votación del PL de Dosimetría, ocurrida en la Cámara de Diputados, fue descrita como una “vergüenza nacional” por parlamentarios de oposición al proyecto. El clima fue de confrontación desde el inicio: obstrucciones, gritos, maniobras de último minuto y acusaciones de atropello procedimental. Según relató Brasil de Fato, el diputado Alencar Santana denunció que el proyecto fue impulsado a contrarreloj por la base aliada de Bolsonaro con el objetivo de aliviar la condena del expresidente, cuya pena podría ser drásticamente reducida si la norma entra en vigor.

El presidente de la Cámara, Hugo Motta, fue duramente criticado por su conducción de la sesión. Incluso Guilherme Boulos, en declaraciones recogidas por Folha de S.Paulo, afirmó que la aprobación del proyecto constituye “una amnistía vergonzosa”, y sostuvo que Motta cometió un “error grave” al permitir la votación sin un debate adecuado. El episodio se interpretó como un movimiento político articulado para generar una salida jurídica a Bolsonaro en medio del avance de su proceso penal.

Mientras el Congreso debatía un proyecto con impacto directo sobre su futuro, Bolsonaro seguía enfrentando un escenario adverso en el Supremo. Su condena por participación en los actos golpistas de 2023 continúa siendo ratificada por sucesivas decisiones judiciales, con implicancias que lo mantienen inelegible y con penas que podrían superar las dos décadas.

La votación del PL fue interpretada por analistas y por sectores del gobierno como un intento explícito de su bancada para proteger al líder de la ultraderecha. Especialistas entrevistados por Agência Brasil advirtieron que el proyecto flexibiliza la estructura penal de manera generalizada, beneficiando tanto a acusados por corrupción como a grupos criminales comunes. Esta amplitud, dijeron, revela la falta de criterios técnicos y el carácter eminentemente político de la iniciativa.

La expectativa ahora se traslada al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien, según adelantaron voces de su entorno, vetará el proyecto si llega a su despacho, lo que abriría una nueva batalla entre el Ejecutivo y un Legislativo cada vez más tensionado por la agenda bolsonarista.

En este escenario cargado, la figura de Carla Zambelli emergió como una de las piezas más significativas. Durante las negociaciones que rodearon la votación del PL, su caso en el STF —en el cual responde por acciones relacionadas con los movimientos golpistas y por el famoso episodio armado durante la campaña de 2022— se volvió parte del entramado político. Un análisis citado por Brasil de Fato señala que Zambelli y Glauber Braga se transformaron en “monedas de cambio” dentro de un acuerdo más amplio que incluía la discusión sobre dosimetría, el presupuesto y la liberación de enmiendas parlamentarias.

Pero el tablero se movió contra ella: el STF formó mayoría para quitarle el mandato, según reveló Brasil 247. El ministro Alexandre de Moraes, relator del caso, endureció su postura en medio de una serie de acciones dirigidas a frenar la escalada de radicalización digital y la articulación de grupos extremistas. Las decisiones contra Zambelli —que incluyen restricciones, apercibimientos y medidas cautelares— fueron interpretadas como un mensaje claro de que la Corte no tolerará conductas que atenten contra el Estado democrático.

El choque entre la lógica parlamentaria y la acción del Supremo marcó el ritmo de la semana. Mientras en la Cámara los sectores bolsonaristas buscaban desesperadamente una salida legislativa a las condenas derivadas del intento de golpe, en el STF las acciones de Moraes avanzaban sobre las figuras más radicales del movimiento. La simultaneidad de ambos procesos dejó al descubierto un país dividido entre proyectos disímiles.

El resultado final del PL de Dosimetría, el avance del proceso de Bolsonaro y la casi segura caída del mandato de Carla Zambelli configuran un escenario en el que la institucionalidad brasileña vuelve a ser puesta a prueba. La semana dejó claro que el bolsonarismo aún tiene fuerza en el Congreso, pero enfrenta límites crecientes en el Poder Judicial. El desenlace de estas disputas definirá no solo el mapa electoral rumbo a 2026, sino también la solidez de la democracia brasileña en un momento decisivo de su historia reciente.