El reciente debate en la Asamblea Nacional venezolana sobre la creación de la Ley Especial Libertador Simón Bolívar marca un nuevo capítulo en la confrontación entre Venezuela y Estados Unidos. Esta legislación, propuesta por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la vicepresidenta nacional Delcy Rodríguez, busca castigar a ciudadanos venezolanos que promuevan sanciones internacionales o apoyen intervenciones extranjeras, considerándolos culpables de traición a la patria. También establece mecanismos para redirigir los recursos congelados hacia programas nacionales destinados a mitigar los efectos del bloqueo económico.

El contexto internacional es clave para comprender esta iniciativa. En Estados Unidos, la aprobación de la llamada “Ley Bolívar”, mecanismo para limitar las transacciones comerciales con Venezuela, ha generado fuertes reacciones del gobierno venezolano. Este instrumento estadounidense busca presionar aún más al país mediante sanciones focalizadas. Maduro la describió como una ley criminal y una forma de “guerra económica”, reforzando la narrativa oficial de que estas acciones son parte de una estrategia global para desestabilizar al país.

La Ley Especial Libertador Simón Bolívar podría reforzar el control del gobierno sobre actores políticos y económicos que se consideren colaboracionistas con políticas extranjeras. Aunque no hay detalles completos sobre cómo se implementará, se presenta como una herramienta para fortalecer la soberanía, según sus proponentes, pero también ha levantado preocupaciones entre quienes la ven como una medida que podría restringir aún más las libertades políticas. Esta propuesta no solo es un instrumento de política interna, sino también una declaración en el escenario internacional, planteando un contrapunto simbólico y práctico frente a las sanciones extranjeras.