Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, celebró la aprobación en primera discusión de la Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional, un proyecto que busca «sellar la paz y la reconciliación nacional». La iniciativa, respaldada por unanimidad de las fuerzas políticas presentes, contempla liberar a presos por participación en protestas o críticas políticas desde 1999, incluyendo devolución de bienes, cancelación de medidas restrictivas y retorno de exiliados, aunque excluye casos de homicidio, narcotráfico, corrupción y violaciones graves a los derechos humanos.

La norma debe pasar una segunda discusión para su sanción definitiva y responde a un llamado por la convivencia pacífica tras años de confrontaciones. En su alocución televisada, la mandataria instó a dejar atrás el rencor, destacando que más de 700 opositores ya han sido liberados desde la detención de Maduro, transformando además la prisión El Helicoide.

Para el viernes 6 de febrero, según reportes, todos los prisioneros políticos estarían en libertad, cumpliendo el plazo anunciado por el gobierno chavista. Esta medida forma parte de un proceso más amplio de reparación de «heridas» políticas, con consultas para reformar el sistema judicial y mecanismos de seguimiento para los amnistiados.

​La oposición y analistas ven en esta ley un gesto pragmático del chavismo ante presiones internas y externas, aunque persisten dudas sobre su implementación plena y exclusiones. El Parlamento, de mayoría oficialista, evaluará el texto en sesiones urgentes, en un contexto de transformación penitenciaria y judicial anunciada por Rodríguez.

Este avance legislativo refuerza el discurso de unidad nacional de la administración interina, pero genera interrogantes sobre justicia transicional en un país polarizado. Mientras el Ejecutivo promueve la «convivencia con respeto a la ley», la comunidad internacional observa si cumple con estándares de derechos humanos.