En los últimos días, el gobierno venezolano ha confirmado la excarcelación de 103 personas, la mayoría de ellas detenidas durante las protestas postelectorales de noviembre. Esta medida ha sido respaldada por la Vicepresidencia de Seguridad Ciudadana, que destacó que se trata de un paso importante en la liberación de detenidos tras los comicios presidenciales. Las excarcelaciones han dado prioridad a activistas políticos y jóvenes, como Aliángel Rodríguez, un adolescente de Carabobo detenido en las protestas.
Sin embargo, la liberación de estas personas ha provocado reacciones mixtas. Por un lado, actores internacionales como Estados Unidos y organizaciones como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) han solicitado la liberación de otros detenidos, periodistas y activistas opositores. El SNTP, en particular, ha exigido la liberación de varios comunicadores detenidos durante las protestas, subrayando la preocupación por la censura y la represión en el país. Organizaciones como el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) han llamado a la liberación de más personas. Según el OVP, la mayoría de los casos involucran a ciudadanos comunes sin cargos claros y que algunos son jóvenes detenidos sin las garantías legales mínimas.
A nivel nacional, la noticia de las excarcelaciones ha sido vista como un intento del gobierno por reducir las tensiones políticas en un contexto de creciente presión internacional. Sin embargo, la medida ha sido percibida por sectores de la oposición y organismos de derechos humanos como insuficiente. La comunidad internacional sigue observando de cerca el desarrollo de los derechos humanos en Venezuela, subrayando la necesidad de una mayor transparencia y justicia en los procesos judiciales.
