Ante la escasez de combustibles, el gobierno boliviano aprobó mediante el Decreto Supremo 5271 la liberación de la importación y comercialización de carburantes por un año. Esta medida busca estabilizar el mercado y garantizar el suministro, aunque enfrenta críticas por su implementación tardía y sus posibles repercusiones en el sector productivo. El impacto económico de la crisis energética sigue siendo un tema central en la agenda nacional​. El decreto permite de manera excepcional a personas naturales o jurídicas privadas la importación de diésel y gasolina para su comercialización en el mercado interno. Este combustible se regirá por las leyes del mercado y no no contará con la subvención estatal.