Ante las constantes tensiones con Estados Unidos, el gobierno de México ha decidido llevar a cabo una estrategia legal sin precedentes: demandar a siete fabricantes de armas estadounidenses por facilitar el tráfico ilegal de armas a los cárteles de la droga. Este miércoles 5 de marzo, el gobierno de México expuso ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos sus argumentos “en contra de empresas fabricantes y distribuidoras de armas por sus prácticas comerciales negligentes”.
El caso, conocido como “Smith & Wesson Brands Inc. v. Estados Unidos Mexicanos”, busca responsabilizar a estas empresas por prácticas comerciales negligentes que, según el gobierno de México, han alimentado la violencia armada en el país. Se exige una compensación de 10 mil millones de dólares por los daños causados.
El gobierno mexicano sostiene que más del 70% de las armas decomisadas en el país provienen de Estados Unidos y que los fabricantes, incluyendo marcas como Colt, Beretta y Glock, han diseñado y comercializado armas específicamente para atraer a los cárteles. Ejemplo de ello son pistolas con nombres como “El Jefe” y “Emiliano Zapata”, claramente dirigidas al mercado mexicano. A pesar de las estrictas leyes de control de armas en México, los cárteles han logrado introducir miles de armas ilegales, muchas de las cuales son utilizadas en actos violentos que han cobrado numerosas vidas.
Este caso representa un hito importante, ya que desafía la impunidad legal con que la industria armamentística estadounidense ha contado durante décadas. Aunque la Corte Suprema de Estados Unidos aún debe decidir si el caso puede avanzar, México ya ha recibido apoyo de diversos sectores, incluyendo organizaciones civiles y legisladores de ambos países. La decisión final, que se espera para el segundo trimestre de 2025, podría sentar un precedente histórico en la lucha contra el tráfico ilegal de armas y la violencia en la región. Mientras tanto, el gobierno de Claudia Sheinbaum sigue insistiendo en que la responsabilidad de frenar este flujo no recae únicamente en México, sino también en acciones concretas por parte de Estados Unidos.
