La masacre de 13 trabajadores mineros en Pataz, La Libertad, ha intensificado el debate sobre la seguridad en las zonas afectadas por la minería ilegal. El gobernador regional, César Acuña, responsabilizó al Ejecutivo, liderado por Dina Boluarte, por no atender su solicitud de instalar una base militar en la zona. Acuña advirtió que, de continuar la inacción, el gobierno será responsable de futuras tragedias similares.