Miles de estudiantes, docentes, investigadores y gremios universitarios participaron el martes 12 de mayo de una nueva Marcha Federal Universitaria hacia Plaza de Mayo para reclamar al gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización, replicada en distintas provincias, denunció la caída del presupuesto, el deterioro salarial y el riesgo para el funcionamiento de las universidades públicas y del sistema científico nacional.

El acto central comenzó por la tarde frente a la Casa Rosada, donde se leyó un documento consensuado por rectores, sindicatos y organizaciones estudiantiles que exigió la aplicación inmediata de la ley aprobada por el Congreso y respaldada judicialmente. Desde el Gobierno cuestionaron la protesta y la vincularon con intereses opositores, mientras los organizadores destacaron la masividad de la convocatoria y defendieron a la universidad pública como una herramienta clave de movilidad social y desarrollo científico.

Tras la movilización, el foco pasó a la Corte Suprema. La Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó un pedido formal para que el máximo tribunal se expida “a la mayor brevedad posible” sobre el reclamo judicial que exige la implementación de la ley. La causa se volvió clave porque el Gobierno mantiene su rechazo al financiamiento adicional y sostiene que la norma afecta el equilibrio fiscal.

Desde el oficialismo endurecieron su postura luego de la marcha. Funcionarios del área educativa afirmaron que la ley “nació muerta” por las restricciones presupuestarias y minimizaron el impacto de la protesta, mientras sectores universitarios insistieron en que el conflicto ya excede lo educativo y representa una discusión sobre el rol del Estado y el acceso a la educación pública en Argentina.