La Marcha Federal Universitaria del 2 de octubre en Argentina reunió a más de un millón de personas en la Plaza del Congreso y otras ciudades del país, en respuesta al anuncio del presidente Javier Milei de vetar la Ley de Financiamiento Educativo. Esta ley es crucial para garantizar la actualización del presupuesto universitario y el aumento salarial al nivel de la inflación. La movilización fue convocada por estudiantes, docentes y sindicatos que exigen un alto a la campaña de desprestigio contra las universidades y que se defienda el financiamiento educativo.

El lema de la protesta, «La universidad no es el problema, es parte de la solución», refleja la urgencia de los reclamos en un contexto de caída salarial significativa, afectando también la calidad educativa. El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, destacó que los docentes han sufrido una caída del 40% en su poder adquisitivo este año, lo que ha llevado a muchos a considerar empleos en el sector privado. En contraste, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, afirmó que algunos rectores reciben salarios muy altos y que los aumentos salariales para docentes han sido superiores al promedio en el sector público. A pesar de las negociaciones entre el gobierno y los sindicatos, no se logró un acuerdo que satisfaga las demandas salariales, lo cual intensificó la movilización.

La marcha se desarrolló con un fuerte sentido de unidad entre diversas organizaciones sociales y educativas. Las autoridades universitarias suspendieron clases para facilitar la participación estudiantil, mientras que grupos como el Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini organizaron actividades previas a la movilización. Esta segunda marcha se produce cinco meses después de una primera movilización que ya había evidenciado las preocupaciones sobre el financiamiento educativo y los recortes presupuestarios. Los participantes esperan que esta manifestación tenga un impacto aún mayor que la anterior, buscando no solo defender sus derechos laborales, sino también asegurar un futuro sostenible para la educación pública en Argentina.

El presidente Javier Milei también vetó la ley de financiamiento universitario. A pesar de la presión social y política, Milei argumentó que la ley amenazaba el déficit cero y no especificaba fuentes de financiamiento, lo que podría comprometer las finanzas públicas del país. La administración de Milei calificó la ley de «irresponsable proyecto de aumento del gasto público» y consideró la manifestación universitaria como una protesta política en contra del gobierno, mientras busca apoyo para sostener su veto frente a una posible oposición unida en el Congreso.