El proyecto de ley Garrote, que establece mayores controles sobre las organizaciones sin fines de lucro en Paraguay, ha generado polémica desde que el Senado aprobó la media sanción. Actualmente, el proyecto se encuentra en la Cámara de Diputados para su revisión, mientras crece el debate en torno a sus implicaciones.

El senador cartista Gustavo Leite, su principal impulsor, argumenta que la ley busca garantizar transparencia en la gestión de fondos de estas organizaciones. Sin embargo, ha sido duramente criticado por sus métodos, especialmente tras revelarse capturas de una reunión privada de activistas de la sociedad civil. Esta acción ha despertado acusaciones de espionaje, con denuncias de que miembros del oficialismo se infiltraron en videollamadas y accedieron a información confidencial con el método estronista Pyragues.

Desde sectores opositores, se considera que el proyecto pretende ser una herramienta de control y persecución política. La senadora Esperanza Martínez lo describió como un «garrote» destinado a intimidar a opositores y restringir la libertad de asociación, advirtiendo que podría usarse de manera arbitraria contra organizaciones no alineadas con el gobierno. En este contexto, el proyecto es visto por algunos como un intento de replicar medidas autoritarias.

Mientras tanto, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han expresado su preocupación por los riesgos que esta ley representa para la defensa de los derechos humanos en Paraguay, argumentando que las nuevas normativas podrían debilitar el espacio cívico y limitar el acceso a recursos para quienes trabajan en favor de la justicia social.