Un hecho que terminó por demostrar el intacto músculo político de Morena sucedió esta semana en México: finalmente, luego de una sesión compleja en la Cámara alta, la reforma judicial que habilita la elección popular de ministros, magistrados y jueces, la reducción de la Suprema Corte, así como la creación de un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina, fue aprobada. Pese a que la votación del lunes estuvo convulsionada por las movilizaciones violentas fuera y dentro del recinto del Senado, y el polémico apoyo de un legislador del PAN –Miguel Ángel Yunes– que posibilitó la cristalización de la ley, el saldo para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es significativamente importante. A pocos días de dejar el Palacio Nacional, el presidente logró una de las iniciativas más complejas: modificar la institución más poderosa (y menos cuestionada) de las democracias liberales desde la concepción del Estado moderno.
Con la aprobación de los congresos locales de la reforma judicial, a partir del año próximo el pueblo mexicano podrá ir a las urnas para elegir, bajo la organización del Instituto Nacional Electoral (INE), la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, del nuevo Órgano de Administración y a la mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito. En 2027, se realizaría la segunda etapa electoral. Los cargos tienen una duración de entre 8 y 14 años con salarios que no podrán superar el sueldo del presidente. Los requisitos para alcanzar estos cargos incluyen: título de Derecho con un promedio no menor a ocho; cinco años de actividad jurídica; y una serie de presentaciones que respalden su idoneidad.
Con relación a la injerencia externa –proveniente principalmente de Estados Unidos, sectores económicos y organizaciones no gubernamentales–, que se vio reflejada en la devaluación del peso mexicano frente al dólar, la situación tendió a normalizarse al día siguiente de la aprobación. “¡Ay, cuánto miedo! Si hay una reforma judicial va a haber problemas con el peso. Se va a devaluar el peso, van a caer las inversiones, puras mentiras. Al contrario, los inversionistas lo que quieren es que haya un gobierno con autoridad moral, autoridad política, fuerte, democrática, respaldada por los ciudadanos”, expresó López Obrador en la Mañanera, quien además aseguró que “sigue llegando inversión y vamos a terminar el sexenio sin devaluación”.
La publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se realizará el 15 de septiembre. El mismo día en que México festeja el inicio de la lucha por la independencia: el Grito de la Independencia.
Lectura recomendada:
Realismo ofensivo, teoría de la dependencia e intervencionismo: la necesidad de un nacionalismo fuerte. Contralínea. Septiembre de 2024.
