En una intensa sesión en la Cámara de Diputados, se llevó a cabo el debate sobre el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Educativo Universitario. La oposición intentó revocar el veto, lo cual requería dos tercios de los votos, pero solo 160 diputados apoyaron la iniciativa, mientras que 84 se manifestaron en contra y cinco se abstuvieron. Este resultado dejó a las universidades sin el financiamiento previamente garantizado, lo que ha generado un clima de tensión y descontento en el sector educativo.

Las universidades han anunciado un nuevo paro y advierten sobre la profundización del conflicto tras el veto presidencial. La situación ha sido calificada como un ataque directo a la educación pública, con críticas hacia el gobierno por priorizar otros gastos en lugar de garantizar los recursos necesarios para las instituciones educativas. La oposición ha argumentado que el presupuesto actual no refleja una verdadera inversión en educación, a pesar de las afirmaciones del oficialismo sobre aumentos salariales para docentes.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner arremetió contra los gobernadores y diputados peronistas que apoyaron el veto, acusándolos de traicionar los principios de la educación pública gratuita. En su discurso, enfatizó la necesidad de defender la educación como un derecho fundamental y criticó las decisiones del gobierno que afectan directamente a las universidades. La ex mandataria destacó que la ley de financiamiento educativo había sido clave en la creación de nuevas instituciones y en la mejora del sistema educativo argentino.

El debate en el Congreso no sólo puso de manifiesto las diferencias políticas entre oficialismo y oposición, sino también la creciente preocupación por el futuro de la educación pública en Argentina. Los representantes opositores han llamado a una movilización masiva para defender los derechos educativos y han prometido continuar luchando contra lo que consideran un ajuste sistemático en el sector. La situación se presenta como un desafío crítico para el gobierno, que enfrenta presiones tanto internas como externas para reconsiderar su postura respecto al financiamiento educativo.