El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha sido acusado por testigos protegidos de participar en una supuesta red de sobornos destinada a alterar resoluciones judiciales en beneficio de sus clientes cuando ejercía como abogado. Además, informes periodísticos revelan que Santiváñez defendió a un oficial de la Policía acusado de pertenecer a una presunta organización criminal dedicada a la extorsión, el sicariato, el tráfico de terrenos y el cobro de cupos. A pesar de las acusaciones, la Policía Nacional del Perú (PNP) emitió un comunicado respaldando al ministro.

Tras el allanamiento de la vivienda del ministro Santiváñez el 3 de marzo, la presidenta Boluarte expresó su apoyo al funcionario y acusó a la Fiscalía de intentar desestabilizar su gobierno. Señaló que estas acciones forman parte de un “golpe de Estado blanco” y criticó la supuesta colaboración entre la Fiscalía y ciertos medios de comunicación para crear narrativas justificatorias de las acciones judiciales contra su administración.