La reciente aprobación del Proyecto de Ley 2.159/2021, conocido como “PL de la Devastación”, ha encendido las alarmas de los movimientos sociales brasileños, especialmente del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). La norma, que desmantela el actual sistema de licenciamiento ambiental, fue aprobada en la Cámara de Diputados en la madrugada del 17 de julio, y es considerada por el MST como uno de los mayores retrocesos ambientales desde la dictadura militar. La dirigente nacional Renata Menezes señaló que esta legislación favorece a grandes empresas transnacionales interesadas en seguir perpetrando delitos ambientales con impunidad, gracias a su articulación con una mayoría parlamentaria dominada por el agronegocio.
Junto con esta amenaza ambiental, el MST también denuncia el avance del PL 8262/2017, que autoriza el uso de la fuerza policial para desalojos rurales sin orden judicial, lo que abre la puerta a un aumento de la violencia en el campo. Según Menezes, esta medida criminaliza no solo al MST, sino también a pueblos indígenas, quilombolas, ribeirinhos y otras comunidades tradicionales, al mismo tiempo que expone a estos grupos al riesgo de asesinatos y violaciones sistemáticas de derechos. El movimiento interpreta estas iniciativas como una reacción de la bancada ruralista tras la derrota sufrida en la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) contra el MST en 2023, en un intento de rearticular el campo bolsonarista en el Congreso.
Ante este escenario, el MST exige que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva vete por completo el PL 2.159. Aunque reconoce los avances democráticos bajo su gobierno, el movimiento mantiene una postura crítica y autónoma, reclamando mayor protagonismo estatal en la implementación de una reforma agraria efectiva. Menezes advirtió que, de no concretarse el veto presidencial o si este fuera parcial, las organizaciones populares recurrirán a mecanismos judiciales para frenar la legislación. Con más de 350 entidades en alerta, el MST llama a la movilización popular como herramienta decisiva para enfrentar estos retrocesos ambientales y agrarios, que reflejan la persistente correlación de fuerzas desfavorable a los sectores campesinos dentro del Congreso brasileño.
