En la mañana del viernes 18 de julio, la Policía Federal de Brasil ejecutó órdenes de allanamiento contra el ex presidente Jair Bolsonaro, en el marco de una operación autorizada por el Supremo Tribunal Federal (STF), que también alcanzó sedes del Partido Liberal (PL). Bolsonaro fue encontrado en su residencia en el barrio Jardim Botânico, en Brasilia, y trasladado a la sede de la PF, donde se le instalaron dispositivos de vigilancia electrónica. Entre las restricciones impuestas, no podrá utilizar redes sociales, deberá cumplir arresto domiciliario nocturno (entre las 19:00 y las 7:00 horas), y se le prohíbe comunicarse con diplomáticos, embajadas o personas implicadas en la causa que investiga su intento de subvertir el orden constitucional tras perder las elecciones de 2022.

La decisión del STF responde a indicios de que el ex mandatario habría buscado asilo político en Estados Unidos, donde su hijo Eduardo Bolsonaro se encuentra actualmente intentando conseguir apoyo de sectores vinculados a Donald Trump. Las medidas coinciden con el tramo final del proceso en el que Bolsonaro es acusado de haber liderado una articulación entre civiles y militares para evitar la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva. La Procuraduría General de la República (PGR) lo identifica como el “principal articulador y mayor beneficiario” de un plan golpista que incluyó ataques al proceso electoral y a las instituciones. El procurador Paulo Gonet pidió su condena por cinco delitos, entre ellos intento de golpe de Estado y formación de organización criminal armada, con penas que podrían superar los 40 años de prisión.

En este contexto, Bolsonaro intensificó su campaña por la amnistía, apoyándose en el discurso de Donald Trump, quien el 9 de julio impuso aranceles del 50% a exportaciones brasileñas, alegando que el STF brasileño estaría censurando a plataformas digitales estadounidenses. La familia Bolsonaro vinculó esa medida a la necesidad de una amnistía para revertir las sanciones económicas. El gobierno de Lula respondió con firmeza: en un discurso televisado el jueves 17 de julio, el presidente denunció cualquier intento de injerencia extranjera como “chantaje inaceptable” y calificó de “traidores a la patria” a quienes se alinean con intereses externos para desestabilizar la democracia brasileña. Reafirmó, además, su respaldo a un Poder Judicial independiente y comprometido con la legalidad democrática.