La Asamblea Nacional centró su agenda en el debate de la Ley Orgánica para la Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), una propuesta del Ejecutivo para imponer límites al gasto público en municipios y prefecturas provinciales. El objetivo central de la reforma es obligar a las autoridades locales a ajustar la inversión sobre el gasto corriente, una medida que el Gobierno defiende como necesaria para el equilibrio fiscal, pero que los gobiernos locales perciben como una intervención directa en su autonomía financiera.

La propuesta gubernamental activó una resistencia inmediata por parte de las figuras más visibles del correísmo y otros líderes locales. El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, lideraron las críticas, argumentando que la ley pone en riesgo la prestación de servicios esenciales. Pabón solicitó formalmente comparecer ante el Legislativo para exponer los riesgos de la reforma, mientras que Muñoz advirtió que los límites presupuestarios afectarían directamente la capacidad operativa de las ciudades. Esta tensión escaló a las calles de la capital con una marcha de protesta que se dirigió hacia la Asamblea Nacional para rechazar las modificaciones propuestas. Según la propuesta de Ley, los gobiernos locales deberán implementar el Ley Orgánica para la Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). De no cumplir con esto, podrían ser sancionados con una reducción de asignaciones.

Por su parte, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, alertó que la reforma «castiga la inversión social» al encasillar erróneamente gastos operativos de proyectos sociales como gasto administrativo. Ante lo que consideran una vulneración a la autonomía, Paola Pabón adelantó que agotarán todas las instancias legales, incluyendo una posible demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.

En un giro pragmático y previo a la votación, el Gobierno convocó al diálogo a varios alcaldes del país, en un intento por suavizar las posturas más radicales. Por su parte, la bancada del partido del presidente Noboa, Acción Democrática Nacional (ADN), busca apoyo en sus aliados, cuyas posturas aún están divididas y algunos condicionan su respaldo bajo ciertos cambios. Al cierre de este reporte, el oficialismo afirmaba contar con la mayoría necesaria para convertir el proyecto en Ley, lo que afectaría ampliamente el margen de acción de las autoridades provinciales y municipales, cuyas principales figuras son opositoras al gobierno central.