El pasado 7 de noviembre el gobierno nacional envió un proyecto de ley a la Asamblea Nacional sobre lavado de activos, a la que se bautizó como “Ley Antipillos”, para que se tratara como un proyecto urgente. La propuesta fue rechazada por las bancadas de la Revolución Ciudadana, Construye y el Partido Social Cristiano.

No obstante, de forma autocrática, el proyecto fue publicado por el presidente Noboa en el Boletín Oficial, como si se hubiese sancionado por el poder legislativo. Ante esta situación, Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea, anunció que el Parlamento presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la promulgación de la supuesta Ley.