La guerra entre Estados Unidos e Irán, iniciada el 28 de febrero de este año, entró esta semana en una fase de escalada aguda tras el colapso de un alto el fuego que había durado poco más de dos meses. El detonante fue una serie de ataques de la Guardia Revolucionaria Islámica contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz entre el lunes 6 y el martes 7 de julio, que dejaron un tripulante muerto e interrumpieron drásticamente el tráfico marítimo. El lunes 13, el gobierno de Trump reactivó el bloqueo naval de puertos iraníes —levantado en junio— y declaró el estrecho bajo custodia estadounidense. El jueves 16 de julio, el Mando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) anunció una sexta noche consecutiva de ataques contra objetivos militares iraníes, con blancos en el sur del país que incluyeron puentes, instalaciones energéticas y una estación ferroviaria.

En paralelo, Trump abrió una controversia constitucional de primer orden. En una carta formal al Congreso fechada el 10 de julio, en cumplimiento de la Ley de Poderes de Guerra de 1973, notificó que las hostilidades se reanudaron el día martes 7 y sostuvo que esa comunicación abre un nuevo plazo de 60 días para operar sin autorización legislativa específica. Los demócratas arguyen que el reloj original arrancó el 28 de febrero y venció el 1° de mayo, y que el paréntesis del alto el fuego no lo interrumpió. Ambas cámaras aprobaron el mes pasado resoluciones no vinculantes para limitar la autoridad militar de Trump en Irán, sin efecto práctico hasta ahora.

La fricción tampoco es solo externa. El vicepresidente JD Vance defendió mantener abierta la vía diplomática argumentando que los ataques aéreos no pueden resolver el conflicto por sí solos. Trump, en cambio, declaró el miércoles 8 de julio en la cumbre de la OTAN en Ankara que las negociaciones con Irán son “una pérdida de tiempo”.

En ese contexto bélico, los republicanos avanzaron en el frente legislativo. La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes aprobó el jueves 16 de julio, por 20 votos contra 14, un paquete de 95 mil millones de dólares que combina 60 mil millones para defensa, 13 mil millones para inteligencia, 12 mil millones de asistencia agrícola y 10 mil millones para implementar requisitos de identificación electoral en los estados. El oficialismo busca tramitarlo mediante reconciliación presupuestaria, aunque debe superar aún la resistencia de halcones fiscales propios en la Cámara, lograr una resolución idéntica en el Senado y enfrentar la oposición demócrata unificada.