El Congreso aprobó una nueva legislación que restringe el financiamiento y la acción de las ONG en el país. Esta norma somete a las organizaciones de la sociedad civil a un mayor control estatal y limita su capacidad de actuar en defensa de víctimas de violaciones a derechos humanos.

Según diversas organizaciones, esta medida deja a muchas personas desprotegidas, pues impide que las ONG brinden asesoría legal y representación en casos de abusos del Estado o de empresas privadas. La aprobación de esta ley ha generado críticas tanto a nivel nacional como internacional, con varios sectores denunciando que se trata de un intento de silenciar voces críticas del gobierno.