La Asamblea Nacional aprobó una nueva Ley de Integridad Pública, que tiene como objetivo manifiesto fortalecer la ética y la transparencia en la función pública, así como actualizar normas penales relacionadas con actos corruptos. Sin embargo, diversos estudios y organizaciones han advertido sobre posibles efectos adversos.

El proyecto establece un sistema de evaluación continua para funcionarios públicos, condicionando su estabilidad laboral a los resultados obtenidos. Por otro lado, organizaciones como UNICEF y Human Rights Watch señalaron que ciertos artículos de la ley pueden vulnerar derechos fundamentales de menores. Una de las principales preocupaciones es que la norma —al definir procesos disciplinarios internos— podría interferir con la integridad, privacidad y estabilidad de niños y adolescentes que dependan de la acción administrativa o judicial del Estado.

La iniciativa fue presentada bajo un paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Dichas reformas incorporan nuevas figuras vinculadas a la corrupción, incorporando sanciones más robustas y modificando procesos legales para perseguir actos ilícitos cometidos por servidores públicos.