El gobierno de Javier Milei está negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para alcanzar un nuevo acuerdo antes de que termine el mes abril de 2025, según dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni. El gobierno ha seguido la estrategia de presentar dicho acuerdo como una recapitalización del Banco Central (BCRA) que no implica un aumento de la deuda soberana, pero esta interpretación es cuestionada por expertos y opositores. Expertos como Claudio Loser, exfuncionario del FMI, argumentan que cualquier préstamo del FMI al BCRA representa una nueva deuda para el país.

Se ha indicado que el levantamiento del “cepo cambiario” (las restricciones para la compra de moneda extranjera) no sería una consecuencia inmediata del acuerdo. Sin embargo, la primera subdirectora gerente del FMI, Gita Gopinath, declaró que al organismo le preocupa que el nuevo préstamo se use en el mercado cambiario para seguir sosteniendo un “dólar barato”, piedra angular del frágil modelo mileista.

Hay también preocupación en el Congreso por la falta de transparencia y el potencial ocultamiento de información clave sobre el acuerdo. La ley exige que cualquier acuerdo de deuda con el FMI sea aprobado por el Congreso, presentando el proyecto completo. No obstante, se sospecha que el gobierno presentará aspectos técnicos evitando detalles sensibles relacionados con la política económica, como la disponibilidad de fondos, las posibles solicitudes de devaluación por parte del FMI y el cronograma para eliminar las restricciones cambiarias.

Finalmente, es posible que, ante la dificultad de lograr el apoyo legislativo, el gobierno considere aprobar el acuerdo con el FMI a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Esta opción generaría aún más controversia y tensiones políticas, pues evitaría el debate y la aprobación del Congreso, desafiando el espíritu de la ley vigente y generando dudas sobre la legitimidad del acuerdo.