El jueves 10 de julio el presidente Donald Trump anunció la imposición de un arancel del 35 % sobre las importaciones provenientes de Canadá, que entrará en vigor el 1 de agosto de 2025. Esta medida forma parte de una ofensiva arancelaria más amplia contra varios socios comerciales, con tarifas que oscilan entre el 15 % y el 20 % sobre otras naciones y un gravamen del 50% en sectores específicos como el cobre. La Casa Blanca justificó la medida en términos de seguridad nacional, acusando a Canadá de no combatir adecuadamente el contrabando de fentanilo, aunque este representa una fracción mínima del flujo total de drogas.

Frente a esta escalada, Canadá redobla esfuerzos diplomáticos más allá de EE.UU.: el país busca cerrar un histórico acuerdo de libre comercio con la ASEAN (Naciones del Sudeste Asiático), en un movimiento estratégico para diversificar sus socios comerciales. La ministra de Exteriores, Anita Anand, subrayó que este acuerdo podría incluir componentes clave como energía, seguridad alimentaria y tecnologías digitales, y que se espera concretarlo “lo antes posible”.

La decisión de EE.UU. ha generado preocupación en Ottawa y en Bruselas: la Unión Europea monitorea de cerca el impacto de los aranceles sobre Canadá, temiendo una escalada comercial. En respuesta a Trump, Carney escribió en X: “A lo largo de las actuales negociaciones comerciales con Estados Unidos, el gobierno canadiense ha defendido firmemente a nuestros trabajadores y empresas. Seguiremos haciéndolo mientras avanzamos hacia la fecha límite revisada del 1 de agosto”.