El Congreso promulgó una ley que impone restricciones a las organizaciones no gubernamentales, limitando su capacidad para recibir fondos del exterior y participar en actividades consideradas de «incidencia política». La norma también ha sido interpretada como una amenaza a la libertad de prensa, al afectar a medios que operan como asociaciones civiles sin fines de lucro. Periodistas, medios y organismos de derechos humanos han manifestado su rechazo, señalando que la norma es el resultado de una coalición política autoritaria que busca acallar voces críticas del gobierno y del Congreso.