La discusión tributaria en Uruguay se encendió tras el rechazo del presidente Yamandú Orsi y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la propuesta del PIT-CNT de aplicar un impuesto al 1% más rico del país, destinado a erradicar la pobreza infantil que afecta a uno de cada tres niños de entre 0 y 12 años. El presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, reprochó al gobierno no cumplir con el compromiso de avanzar hacia un esquema tributario más progresivo, lo que generó tensión interna en el Frente Amplio.

Aunque el Ejecutivo descartó esta vía, el MEF estudia incluir en el próximo Presupuesto un gravamen a la rentabilidad generada por depósitos e inversiones de residentes en Uruguay en el exterior. Estos activos ascienden a casi 62 mil millones de dólares, según una respuesta oficial a un pedido de informes del diputado comunista Bruno Giometti. La estrategia de incorporarlo en el Presupuesto busca garantizar su tratamiento, ya que la ley de presupuesto obliga a votarlo en plazos de 45 días en cada cámara.

En el oficialismo existe consenso sobre destinar lo recaudado prioritariamente a políticas para la primera infancia. El Frente Amplio en conjunto considera infundado el temor de que este impuesto ahuyente a grandes fortunas extranjeras, citando ventajas como calidad de vida, seguridad y estabilidad que ofrece el país.

Paralelamente, el gobierno analiza otras medidas fiscales: gravar las compras digitales en el exterior e implementar una versión nacional del impuesto mínimo complementario (QDMTT) en línea con el Pilar 2 de la OCDE, para captar utilidades de multinacionales. Estas opciones surgen en un contexto de déficit fiscal y ausencia de inversiones extranjeras de gran porte en el mediano plazo, lo que refuerza la presión por obtener nuevos ingresos tributarios.