El gobierno uruguayo ha presentado un ambicioso proyecto de reforma constitucional para rescatar la Caja de Profesionales del inminente riesgo de colapso financiero. Esta iniciativa, que requerirá aprobación parlamentaria con mayorías especiales y posiblemente un plebiscito, plantea cambios estructurales para garantizar la sostenibilidad del sistema.

El núcleo de la reforma consiste en un paquete de medidas financieras que incluye un aumento progresivo de los aportes según los ingresos de los profesionales activos, buscando aliviar el déficit crónico que afecta a la caja. Paralelamente, se modificarán los requisitos para acceder a las jubilaciones, elevando tanto la edad mínima como los años de servicio requeridos, al tiempo que se establecerán topes a las pensiones más altas.

Para fortalecer la transparencia, el proyecto crea mecanismos de auditoría permanente y mayor fiscalización, respondiendo a críticas históricas sobre el manejo de los recursos. El Ejecutivo argumenta que estas medidas son indispensables para evitar el default, aunque reconocen que su implementación requerirá complejas negociaciones con los gremios profesionales, quienes ya manifestaron preocupación por el incremento de cargas para los afiliados. El debate político se intensificará en los próximos meses, ya que al tratarse de una reforma constitucional, su aprobación dependerá de la capacidad del gobierno para construir acuerdos con la oposición.