Gremios de transporte urbano en Lima y Callao llevaron a cabo un paro como medida de protesta ante el incremento de asesinatos, extorsiones y amenazas que sufren conductores y empresarios del sector. La paralización parcial afectó rutas clave del servicio público. Los manifestantes exigieron al Gobierno que implemente acciones concretas frente al sicariato y la extorsión, problemas que, según denuncian, han escalado sin respuesta eficaz. El paro fue acompañado por pancartas que señalaban al Ejecutivo como responsable de una “inacción” ante el crimen organizado.

Mientras tanto, en el Congreso de la República, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, fue interpelado el 10 de abril. En su intervención, defendió la gestión del Ejecutivo, alegando que los esfuerzos por contener la inseguridad están en marcha, aunque reconoció que “la lucha contra el crimen no es tarea de un solo día ni de un solo poder del Estado”. Sin embargo, las bancadas opositoras cuestionaron duramente la falta de resultados, señalando que las cifras de homicidios y extorsiones siguen en aumento. Esta interpelación se produjo en medio de rumores de una eventual moción de censura, lo que tensiona aún más la ya debilitada relación entre el Congreso y el gabinete de Dina Boluarte.