En diciembre de 2024, el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, decidió poner fin a la cooperación con la DEA por razones de soberanía y falta de acceso a las investigaciones conducidas por los agentes estadounidenses en territorio paraguayo. Esta decisión provocó tensiones con Washington y llevó a la DEA a preparar su salida del país.

Sin embargo, iniciando marzo de 2025, tras una conversación entre Peña y Marco Rubio, el nuevo secretario de Estado estadounidense, la cooperación fue restablecida. Rubio, un actor clave en la política de seguridad del gobierno de Donald Trump, habría intervenido para garantizar la continuidad de la DEA en Paraguay, consolidando un alineamiento más estrecho entre el gobierno de Peña y sectores del Partido Republicano estadounidense.

Tras la restauración del convenio, Rachid defendió el nuevo esquema de trabajo, señalando que ahora existirá una mayor coordinación y transparencia en la colaboración con la DEA. A pesar de haber liderado el cierre inicial del acuerdo, el ministro evitó reconocer que se trató de una marcha atrás en su decisión, sosteniendo que se trata de una “nueva y mejorada cooperación” que garantiza el respeto a la soberanía nacional.

En paralelo, el gobierno de Peña anunció la compra a Estados Unidos de radares militares, entrenamiento de personal y la instalación de un centro de monitoreo militar y civil por un valor de 100 millones de dólares. Esta inversión revitaliza el vínculo entre ambos países luego de un largo proceso de choques entre la administración Biden y el actual gobierno paraguayo.