El gobierno de Milei propuso una tarifa fija de $17 millones de dólares mensuales por la distribución de energía desde la hidroeléctrica binacional Yacyretá, mientras Paraguay pasa por una situación económica apretada. Bajo la dirección del paraguayo Luis Benítez, en la empresa se ha impuesto un estricto plan de contingencia para reducir al mínimo los gastos de personal y se ha despedido hasta el momento a 100 funcionarios. Esta medida de emergencia busca darle al lado paraguayo una oportunidad para ajustar sus cuentas antes de recibir los $17 millones mensuales previstos en el acuerdo, asegurando así la estabilidad financiera de la entidad.

Por otro lado, la privatización de la Hidrovía, liderada por el gobierno argentino, plantea serios riesgos para el presidente Santiago Peña, quien teme la imposición de peajes más altos y la falta de transparencia en las licitaciones. La reciente nulidad de la licitación en el tramo Confluencia-Santa Fe demostró la falta de planificación del gobierno argentino e impulsó a Paraguay a llevar al Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná las irregularidades detectadas en el proceso de licitación y el impacto potencial de un peaje más caro para los usuarios y para países como Brasil, Bolivia y Uruguay, que también participan del organismo.