El 3 de diciembre de 2024, el presidente Santiago Peña promulgó la Ley del Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción. Esta normativa establece la creación del Consejo Nacional Anticorrupción, que incluirá representantes de los tres poderes del Estado: un miembro de la Corte Suprema, uno de cada cámara del Congreso y representantes del Gabinete Civil, el Ministerio Público y la Contraloría, que ejercerá como órgano rector. Además, la ley prohíbe que miembros del gabinete gestionen denuncias contra funcionarios públicos y establece medidas de protección para los denunciantes.

Sin embargo, muchos críticos de la iniciativa, como la diputada Johana Ortega, han cuestionado la eliminación de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), institución clave en la lucha contra la corrupción en Paraguay. Ortega subrayó que este cambio representa un “precedente nefasto” y refleja la falta de voluntad del gobierno para dialogar con los sectores políticos.

La promulgación de la ley coincidió con la publicación de un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que destaca graves problemas de corrupción e impunidad en Paraguay. El informe resalta que la inseguridad judicial, la falsificación y el incumplimiento de la ley son desfavorables para la inversión. También sostiene que, aunque el país ha tenido un crecimiento económico promedio del 2.8% anual en la última década, la corrupción, la impunidad y el soborno siguen siendo barreras importantes para su desarrollo.