El 10 de enero de 2025, el gobierno de Santiago Peña promulgó la Ley de Mipymes, una normativa presentada como una herramienta para formalizar y fortalecer el sector de micro, pequeñas y medianas empresas, que introduce cambios significativos en el ámbito laboral y previsional.

La nueva ley permite a los empresarios pagar solo el 80% del salario mínimo durante los primeros tres años de empleo y flexibiliza los contratos laborales, eliminando indemnizaciones y preavisos de despido en ese periodo. Uno de los aspectos más cuestionados es su impacto en el sistema jubilatorio. Según Pedro Halley, de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay, al reducirse la base impositiva del aporte al Instituto de Previsión Social, los trabajadores acumularán semanas de cotización más lentamente, retrasando de facto la edad de jubilación hasta los 75 años. La Federación de Mipymes, aliada al cartismo, niega esta afirmación y argumenta que la ley incentiva la formalización laboral.

Según datos del Ministerio del Trabajo, este sector emplea a más de 2.1 millones de paraguayos, lo que equivale al 75% de los trabajadores del sector privado y al 55% del total de los trabajadores en Paraguay. Por su parte, el Ministerio de Industria y Comercio asegura que el número de trabajadores es de 1.8 millones y que un 65% subsiste en la informalidad.

Analistas y líderes sindicales señalan que esta norma podría interpretarse como un intento del gobierno por atender los intereses de sectores empresariales afines tras la promulgación de la ley anti-ONG, destinada a restringir la actividad de organizaciones de la sociedad civil.